España, el país en el que el golpe del fracaso empresarial siempre es definitivo

La tasa de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) española, que mide las iniciativas con menos de 3,5 años, se situó en 2018 en el 6,4%, por debajo de la media europea (8,7%) y lejos de Estados miembros como Holanda (12,3%), Irlanda (9,6%), Reino Unido (8,2%) o Francia (6,1%), según datos del último Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM). España supera, eso sí, a economías como Francia (6,1%), Alemania (5%) o Italia (4,2%).

Fuera del Viejo Continente, la TEA nacional está a años luz del 18,71% de Canadá o del 15,6% de Estados Unidos . Brasil y Argentina, principales motores de Latinoamérica, presentan igualmente tasas más elevadas, con un 17,9% y un 9,11% respectivamente. A pesar de que aún queda camino por recorrer, se observa un moderado cambio de tendencia, ya que hace tan solo tres años este índice era en España del 5,2%.

El mencionado informe revela también que el 43% de la población española de 18 a 64 años percibe que el miedo al fracaso es un impedimento para tomar la decisión de emprender. Los expertos entrevistados, por su parte, señalan que la principal condición que obstaculiza la actividad emprendedora es la falta de financiación (63%), las políticas gubernamentales (44,4%), las normas sociales y culturales (44,4%) y la educación y formación (33,3%).

«En Europa se da por hecho que ser autónomo es malo, que emprender es muy arriesgado y que solo tienes una oportunidad. En Estados Unidos, por ejemplo, miran que tengas un historial de emprendimiento para ver si al menos has hecho el esfuerzo», destacan desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), organización que representa al 61,4% de los autónomos de España.

Santiago Álvarez de Mon, profesor del Departamento de Dirección de Personas del IESE, piensa que «estamos en la dirección correcta», aunque hay aspectos por mejorar: «Arrastramos una mentalidad por la cual cuando alguien ha intentado algo y no le ha salido bien, en lugar de animarle, le ponemos la cruz . Eso es lo que tenemos que ir modificando». El docente, asesor de empresas y profesionales, incide en una cuestión semántica: hay una enorme diferencia entre decir «me he equivocado» y «soy un fracasado». La segunda expresión conlleva una interpretación descalificante, motivo por el que, en su opinión, debería evitarse. «Si cuando una persona va a montar una startup asocia error no con aprender, sino con fracaso, eso ya está limitando sus propuestas, su energía y su ilusión», afirma Álvarez de Mon.

El experto insiste en la importancia de gestionar con naturalidad las decisiones desacertadas y pone como ejemplo a los grandes deportistas de la historia, cuyo palmarés se ha fraguado gracias a una conjunción de talento y esfuerzo, pero también de tolerancia a las situaciones adversas. «He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida y por eso he tenido éxito», dijo el mítico jugador de baloncesto Michael Jordan unos años antes de su retirada de los canchas.

Y es que volverlo a intentar es un factor clave en el logro de las metas laborales, sobre todo de quienes dan el paso de poner en marcha su propio negocio. El último Mapa del Emprendimiento en España, elaborado por Spain Startup-South Summit a partir del análisis de 1.720 startup extraídas de los 3.800 proyectos presentados a la Startup Competition, revela que «la probabilidad de fracaso del emprendedor que ha puesto en marcha más de tres proyectos es mucho más baja (16%) que la de aquel que solo ha creado uno (45%)» .

«Las oportunidades están donde los demás no han llegado. Al hacer camino es cuando te encuentras con problemas y retos», recuerda Luis García, entrenador del grado en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación (LEINN), la única carrera universitaria oficial sobre emprendimiento que existe en España, impartida en el laboratorio de aprendizaje Teamlabs.

El miedo al juicio público, sin embargo, es un muro pendiente de derribar. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, subraya que «tenemos un poco estigmatizado que un autónomo cierre la puerta de su establecimiento, parece que es el ocaso del desarrollo profesional de una persona, pero esto te conduce normalmente a que la próxima vez no cometas los mismos errores». Para el responsable de la asociación hay tres condiciones básicas para emprender con menos riesgo : tener la formación necesaria, contar con experiencia previa en el sector donde se va a desarrollar la actividad y hacer un plan de empresa para evitar las incidencias que se puedan prever desde un principio.

José María Torres, patrono de la fundación PIMEC, que ofrece asesoramiento a empresarios y autónomos de Cataluña que se encuentran en dificultades, así como a colectivos en situación de vulnerabilidad, ha conocido a personas que lo han perdido todo y para las que ha sido complicado reinsentarse en el mundo laboral sin sufrir el juicio social . «Un español nunca escribiría los fracasos que ha tenido en su currículum. En la cultura americana, en cambio, el fracaso es siempre bienvenido. Es preciso un cambio de mentalidad desde la educación», defiende Torres, que fue uno de los productores del corto «El corredor» (2014), reconocido con el Premio Goya 2016 al mejor cortometraje de ficción. Una producción con la que pretendía concienciar sobre la necesidad de una segunda oportunidad para los empresarios que han perdido su negocio.

Con retraso. Así es como llegó a España la Ley de Segunda Oportunidad a la que pueden acogerse particulares, empresarios y autónomos para tratar de negociar nuevas condiciones con los acreedores e incluso conseguir la cancelación de las deudas, siempre que cumplan una serie de requisitos, como demostrar que han actuado de buena fe. Este mecanismo entró en vigor en España en 2015 aunque en otros países de Europa y en Estados Unidos se aplicaba desde hace años atrás.

Lo cierto es que, pese a que la norma podría ser un salvavidas para quienes ven comprometido su futuro a causa de los impagos, desde su entrada en vigor solo han recurrido a esta opción 9.000 personas , según cálculos del Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra alejada de las más de 100.000 que se han acogido en lugares como Alemania o Francia.

«Para los emprendedores es totalmente inoperante porque impide cancelar deudas con Hacienda y Seguridad Social y obliga a pagar el 25% de las restantes, además de las hipotecarias en su integridad. Para colmo obliga a inscribir en un registro público que se ha pasado por tal proceso , de forma que el emprendedor queda marcado de por vida», asegura Guillermo Prada, socio de PradaGayoso, firma especialista en reestructuración financiera.

El pasado mes de julio una sentencia del Tribunal Supremo otorgó a los juzgados de lo mercantil la capacidad de exonerar hasta el 70% de los créditos con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, así como el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público. Las asociaciones de autónomos piden que se modifique la norma en base a esa sentencia para que se incluyan los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales. Así lo indicó ATA en una carta enviada al Gobierno en funciones y a los grupos parlamentarios con 40 medidas de urgencia para el colectivo de autónomos. Asimismo, solicita el establecimiento de mecanismos y servicios de prevención de la quiebra y la introducción de itinerarios para la reincorporación al mercado de trabajo del emprendedor que haya cerrado su negocio.

Eduardo Abad, de UPTA, considera que es «un auténtico disparate» que la norma no se haya reformado en estos cuatro años: «Cuando tenemos una situación de máxima fragilidad como es un autónomo con su negocio a punto de cerrar, con deudas con entidades públicas y empresas privadas, no es de recibo que la única situación que esté prevista en la legislación sea que responda con sus bienes presentes y futuros».

En este sentido, Abad sostiene que «tiene que haber otra solución para poder atajar la situación que convierte al autónomo en el blanco de una diana absolutamente certera, que es la de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria».

Pero todo esto podría cambiar. Como recuerda Prada, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 20 de junio la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva que obliga a los Estados miembros a adaptar su regulación para que los empresarios insolventes de buena fe puedan obtener la exoneración plena de sus deudas en un plazo inferior a tres años . «Naturalmente, en el caso de España, la directiva implica la necesidad de aprobar una nueva ley concursal, abandonando el borrador de Texto Refundido que se había elaborado antes de la aprobación de la norma europea», explica.