Empresas y Administración empeoran sus plazos de pago por primera vez desde 2010

El sector público paga a 68 días, dos veces por encima del tope legal, mientras que las compañías también incumplen la norma al afrontar sus facturas con 81 días de retraso

MADRIDActualizado:

La morosidad se llevó durante la crisis a una de cada tres empresas y, pese a la importante mejora que ha habido los últimos años sobre todo en el sector público, por primera vez desde la crisis vuelve a empeorar. Así lo constata la Plataforma Multisectoral contra la Morosidad, que ha publicado que el sector privado empeoró el año pasado sus plazos de pago al elevarlos a 81 días, cuatro más que el año pasado y por encima de los 60 que marca la Ley. El 59% de las compañías que tardan más en pagar son grandes empresas, según la encuesta realizada por la organización sobre 700 firmas en enero y febrero de 2019.

El sector público también los elevó en tres días, a 68, siendo el tercer año que la Administración paga mejor que las empresas. En todo caso, desde 2010 no se producía un deterioro en los plazos de pago, que con la vuelta del crecimiento habían ido bajando progresivamente. En este caso sorprende porque desde marzo del año pasado entró en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos, que endurece la norma contra los entes que pagan tarde.

En opinión del presidente de esta organización, Antoni Cañete, ello es así porque esta ley, aún no se ha implementado con todas las consecuencias, lo que compete a la Administración. En cuanto al deterioro de los plazos de pago, Cañete lo achacó al empeoramiento de los márgenes de las empresas y al estado de la actividad. «Esto es un indicador de algo más profundo que está ocurriendo en la economía», ha analizado, en referencia a la desaceleración. La Administración llegó a pagar a 166 días en 2010: desde entonces, el Plan de Pago a Proveedores y el endurecimiento de la norma redujo el periodo de pago.

Decreto para que haya sanciones a los morosos

Cañete ha advertido así que, al haber una Ley con plazos máximos pero no sanciones para las empresas o administraciones que incumplen estos límites, España se arriesga a que vuelva a repuntar la morosidad en el momento en el que haya complicaciones económicas. Por ello reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe por decreto un régimen sancionador, ya que la ley correspondiente que iba a desarrollarlo – aprobada por unanimidad en fase de proyecto– se encuentra varada en el Congreso de los Diputados ante la inminente disolución de las Cortes.

Si la situación económica vuelve a empeorar, Cañete advirtió que las empresas morosas volverán a aprovecharse de esta legislación pagando tarde. Un ejemplo es el incremento de los costes laborales que deberán hacer frente las compañías ante el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medida que ha sido criticada por Cañete como una decisión «populista», ya que no se toma en base a la «competitividad».

Otros factores en el horizonte que pueden desencadenar un empeoramiento repentino de la morosidad son la subida de los costes de financiación que puede provocar el incremento de tipos del BCE, el posible endurecimiento de los aranceles que hay en el albero ante el pulso comercial entre EE.UU. y el resto del mundo o el inminente Brexit.

Escenario peor que 2017

Así, un 28% de las empresas señalan que los plazos de pago en el sector privado han empeorado frente al 25% del año pasado, mientras que solo un 6% dicen que han mejorado, por un 6% que lo reconocía en 2017. Por tipo de empresa, entre las que pagan tarde un 14% son microempresas, un 26% son pymes y un 59% son grandes compañías. Entre las grandes empresas, un 81% incumplen la Ley y abonan sus facturas a más de 60 días –un 39% entre 60 y 90 y un 42% a más de 90–.

Más allá, un 63% de los contratos que firman las empresas son con plazos superiores a 60 días. «Un 63% de los contratos son ilegales, ya que incumplen la prohibición de que haya pacto entre las partes por encima de lo que marca la Ley», considera Cañete. Más aún, un 58% de las empresas nunca exigen intereses de demora si hay impago y un 92% rehusan pedir inmenización legal, pese a que la Ley y la Justicia darían la razón a la compañía damnificada en estos casos.