Las empresas preparan ya una oleada de ajustes temporales de empleo

Los despachos de abogados ya habían recibido en las últimas semanas numerosas consultas de las empresas de cara a la posible aplicación tanto de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como de extinción (ERE). Ayer, cuando la Comunidad de Madrid anunció el cerrojazo de casi toda la actividad comercial y de ocio en la región, los bufetes recibieron una avalancha de peticiones, según confirman en Sagardoy Abogados , que explican que la situación actual justifica la aplicación de estos ERTE por fuerza mayor y van a ser la única solución de muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, a esa caída de ingresos.

Restaurantes, empresas de autobuses, polideportivos, marcas de lujo, comedores, aerolíneas, cadenas hoteleras y fabricantes de automóvil, entre muchas otras compañías afectadas por el impacto económico del coronavirus, han comenzado ya a notificar a sus empleados que aplicarán ajustes temporales de empleo. Por otro lado, fuentes empresariales explican que en muchas empresas de servicios los departamentos de recursos humanos han paralizado procesos de contratación de más personal ante la pérdida de proyectos y negocio que ya están registrando.

El turismo, uno de los sectores más directamente afectados por la pandemia, está recurriendo ya a la fórmula de los ERTE ante el desplome de la actividad registrada los últimos días y la que previsiblemente sufrirá en las próximas semanas o meses. Es por ello que una de las principales reivindicaciones del sector al Gobierno ha sido agilizar la aprobación de esta figura. En este sentido, el pasado jueves el Ejecutivo y los agentes sociales pactaron facilitar esos expedientes de suspensión.

Desde una compañía hotelera explican que decenas de empresas están intentando acogerse a ERTE en los últimos días y que muchas de ellas «están abocadas a la quiebra» si no aplican de forma inmediata esta medida. «Ahora mismo la prioridad número uno es garantizar la viabilidad de estas compañías», explican estas fuentes.

La situación es extrapolable a las agencias de viajes. Y a las aerolíneas. Esta semana Air Europa y Norwegian anunciaron que tendrían que aplicar un ERTE entre su plantilla tras cancelar miles de vuelos. Ayer fue Iberia la que notificó a los sindicatos que aplicará esta medida en gran parte de su plantilla, formada por unos 16.500 empleados, por el desplome de la actividad y el veto a los vuelos europeos aplicado por Estados Unidos y algunos países de Iberoamérica como Chile.

Otra de las industrias que se plantea aplicar expedientes de suspensión es la automoción. El fabricante japonés Nissan baraja ejecutar un ERTE en Barcelona por la escasez de suministros que sufre, por ejemplo de ruedas de un proveedor ubicado en Igualada, localidad bajo confinamiento obligatorio. Por ahora, la compañía ha sondeado a los sindicatos y no ha tomado aún ninguna decisión en firme.

La ruptura de la cadena de suministros es lo que ha llevado también a Kostal Eléctrica, ubicada en Sentmenat (Barcelona), a comunicar a sus trabajadores un ERTE para 800 empleados. El fabricante de componentes electrónicos para automóviles esgrime que la falta de componentes procedentes de sus proveedores europeos y chinos le causará una caída de la producción de entre el 25 y el 30%.

Prueba del daño que la pandemia y las medidas tomadas para atajarla van a causar en la economía son las propuestas laborales, fiscales y financieras que ayer mismo hicieron los empresarios madrileños al Gobierno pidiendo flexibilidad para capear el temporal. La patronal madrileña (CEIM) reclama que la suspensión temporal del empleo, la reducción temporal de la jornada y la modificación sustancial de las condiciones por la actual crisis sanitaria se consideren fuerza mayor.

Los empresarios plantean que temporalmente puedan imponer a las plantillas un máximo de 15 días de vacaciones a disfrutar en este periodo, elevar del 10% al 25% el margen de bolsas de hora de trabajo, flexibilizar temporalmente las condiciones para acordar prejubilaciones y acortar de 15 a 3 días el periodo para notificar un cambio en las condiciones de trabajo. Además, solicitan apoyo público para sufragar los complementos por incapacidad temporal, aplazamientos en el pago de las cotizaciones en los sectores afectados, moratorias, compensaciones y reducciones de impuestos y medidas para paliar la falta de liquidez en empresas.

«El Gobierno no puede dejar en la cuneta a los autónomos, que se están quedando en paro viéndose obligados a cerrar su bar o a dejar su autocar por no tener actividad. Tienen que tener garantizada la prestación por cese de actividad por fuerza mayor, y exonerar de cotizaciones para aquellos que se vean obligados a cuidar de hijos y dependientes. No se olviden a los autónomos. Es momento de la responsabilidad», dijo ayer el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor.

La preocupación es máxima entre los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia y que temen verse muy afectados por esta crisis. Prueba de ello es que en los últimos tres días los técnicos de ATA han asesorado a 11.000 autónomos, cuando en todo 2019 atendieron a 10.500. Por eso la asociación ha puesto a 50 expertos de guardia este fin de semana ante una previsible avalancha de consultas.