Las empresas de la estiba calculan que la reforma creará 18.000 empleos

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, ha interpretado esta medida como un ataque directo, una ofensiva que dinamita cualquier punto de encuentro, y tacha la propuesta del equipo de Íñigo de la Serna como «una maniobra de expediente de extinción de empleo subvencionada con fondos públicos », puesto que el nuevo marco regulatorio planteado contempla que las arcas públicas, a través de Puertos del Estado, asumirán el coste de la antigüedad de los trabajadores e incluso las indemnizaciones en el caso de que un estibador sea despedido o se niegue a subrogarse a una nueva empresa si el nuevo convenio colectivo le causa un «perjuicio sustancial». El Ministerio de Fomento considera que este punto podría suponer al erario hasta 350 millones de euros.

El Gobierno rechaza de plano la acusación de ERE encubierto: fuentes del Ejecutivo hacen hincapié en que «la norma no supone la destrucción de puestos de trabajo, sino todo lo contrario, un incentivo para el mantenimiento de empleo en un escenario obligado por la sentencia de libertad de contratación de trabajadores». Explican que el propósito de garantizar la antigüedad de los 6.156 estibadores incluidos en las Sagep en toda España tiene como objeto, precisamente, incentivar la transferencia de trabajadores desde el antiguo régimen especial de las Sagep a las empresas, «al igualar su situación con otros trabajadores que en este momento no están en el sector en el marco exigido por la sentencia de libertad de contratación».

La ruptura es total con los sindicatos -que hoy, con una convocatoria en Sevilla, pueden oficializar su primera demostración de músculo- , no así con la patronal de la estiba , la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), y con la plataforma de inversores en los puertos españoles (PIPE), quienes ven en esta reforma una oportunidad única para mejorar la competitividad de un sector decisivo para la economía española (un 20% del PIB).

En concreto, la plataforma prevé que las modificaciones propuestas por el Gobierno reducirán de media los costes portuarios en un 30%, elevarán las exportaciones en aproximadamente 700 millones anuales, incrementarán el tráfico de mercancías en un 5% y añadirán al PIB español 2.400 millones anuales . Y defiende que no solo no destruirá, sino que contribuirá a crear 18.000 empleos.

La Administración recuerda que el real decreto, que debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados, no es una «decisión política del Gobierno o del Partido Popular», sino que nace, después de una sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, que considera la regulación actual restrictiva, contraria a los tratados comunitarios. Después de años de negociaciones, las propuestas sindicales, explican estas fuentes, no dieron «cumplimiento a la sentencia» , dado que incluyeron en todas las ocasiones «como punto principal la existencia de un registro de trabajadores contingentado (las Sagep) que no permite el libre acceso a la profesión». En juego está, por tanto, una inminente sanción de al menos 21 millones de euros por parte de la justicia de los Veintiocho.