¿En qué consiste el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos que ha tumbado el Congreso?

Según el Portal de Rendición de Cuentas, iniciativa liderada por el Tribunal de Cuentas, el remanente de tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, que se encuentra disponible para financiar gastos, resultando un indicador muy importante para valorar la solvencia financiera a corto plazo de la entidad local.

El remanente se obtiene como suma de los fondos líquidos (el dinero que hay en caja y en los bancos) más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de aplicación.

En otras palabras, el remanente es el conjunto de todos los ahorros acumulados de años pasados que incluyen los superávits (situación en la que una entidad tiene más ingresos que gastos a lo largo de un año) que no se han gastado y que reflejan su situación financiera si, a 31 de diciembre, tuviese que pagar todas sus deudas con sus recursos a corto plazo.

Cuando el remanente de tesorería presenta valores negativos , nos indica que la entidad local tendrá que obtener mayores recursos futuros para atender el exceso de gastos, es decir, la entidad es incapaz de afrontar sus deudas al finalizar el ejercicio en el que se encuentra. Esta insolvencia a corto plazo surge porque a lo largo del ejercicio ha habido más gastos que ingresos, sin que los recursos líquidos sean suficientes.

De este modo, y según reza el portal, la solvencia financiera a largo plazo de una entidad local estará en dificultades si el remanente de tesorería ofrece saldos anuales negativos de modo recurrente.

Para entender lo que está ocurriendo hay que remontarse algunos años atrás y hablar sobre la conocida como «Ley Montoro» (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

La estabilidad presupuestaria es la pauta que fija que las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo de un período de tiempo, sea un año o más, pudiendo incurrir en superávit pero nunca en déficit (situación en la que una entidad, en este caso los ayuntamientos, tiene más gastos que ingresos en un año).

Según lo establecido por el Artículo 12 de esta Ley de Orgánica , regla de gasto, un ayuntamiento no puede gastar más de una cantidad concreta con respecto al año anterior que viene ya marcada por la «tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española». ¿Qué significa esto? Significa que, en este el supuesto actual, en el que este dato alcanzó del 2,9% el año pasado en nuestro país, si en 2019 un ayuntamiento gastó 200 millones de euros, en 2020 no puede gastar más de 102,9 millones.

De esta manera, en la actualidad los ayuntamientos no pueden gastar los remanentes que tienen acumulados y solo disponen de la opción de destinarlos a amortizar deuda o a depósitos bancarios, siempre que no se incurra en déficit.

En caso de ser convalidada, la ley nueva proponía que Hacienda transferiría hasta 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que participaran de forma voluntaria en el préstamo al Estado para que los destinaran a determinados asuntos, como movilidad o cultura.

Asimismo, la norma contemplaba que el Estado devolvería a los municipios el importe íntegro del préstamo en los próximos 10 años a contar desde 2022, aunque el plazo podría prorrogarse hasta los 15 años.

El acuerdo también incluía la no aplicación de la regla de gasto , por lo que en 2020 las entidades locales no estarían tan limitadas para gastar su presupuesto de este año.

Una vez conocido el volumen del préstamo, el Estado realizaría un ingreso no financiero a las entidades locales participantes en el mismo. El importe del ingreso supondría para cada municipio, como mínimo, el 35% de los fondos aportados al préstamo y se incrementaría hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todos los ayuntamientos que formaran parte de él.

Además, el Estado transferiría a las entidades locales que hubieran colaborado un máximo de 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021. Según señaló el Gobierno, el dinero se liberaría en dos años para atender la petición de la FEMP de dar a los ayuntamientos un plazo suficiente para ejecutar los 5.000 millones.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también comunicó que las corporaciones locales que participaran en el fondo se beneficiarían de un tipo de interés efectivo del 0% y podrían ahorrarse hasta 70 millones de euros anuales de intereses que hoy están pagando por tener sus remanentes en las entidades financieras.

En la actualidad, son más de 30 los ayuntamientos se han levantado ante el Ministerio de Hacienda para reclamar una alternativa que les posibilite gastar su superávit y remanentes.

El pasado mes de agosto, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón Navarro (PP), convocó una reunión telemática para analizar el acuerdo en la que participaron los más dispares ediles de ayuntamientos españoles para rubricar un manifiesto contra el acuerdo de remanentes .

Así, el regidor de Bilbao, Juan María Aburto (PNV); el de Cádiz, José María González «Kichi» (Adelante Cádiz); el de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos); el de Lérida, Miquel Pueyo (ERC); el de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP); el de Murcia, José Ballesta (PP); el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (PP); el de Reus, Carles Pellicer (CDC); el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza (Agrupación Tinerfeña) y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP) solicitaronque el Gobierno permita a los consistorios disponer íntegramente de sus ahorros «en cuestiones que no están incluidas dentro del decreto».

No son los únicos en revelarse contra la nueva ley. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, manifestó públicamente que la medida le parecía «sencillamente inaceptable» .

Además, varios ediles socialistas han mostrado abiertamente su rechazo contra un plan que, como ha sostenido el regidor de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, es «lesivo» para los vecinos.

Manuel Rando, presidente de la Diputación de Teruel, y Vicente Grimalt, alcalde de Dénia, son otros de los nombres que se han descolgado del acuerdo pues, de una u otra manera, ambos consideran que «no es el momento» .