Cómo pagar una renta básica universal de 1.500 euros al mes

«El modelo actual de redistribución de la riqueza , sencillamente no funciona», expone Schloen su tesis, “como consecuencia del aumento exponencial de los ingresos de capital, en comparación con los ingresos de origen laboral, la denominada tasa de riesgo de pobreza en Alemania ha aumentado desde el 12,1% de la población total en 1998 hasta el 16,7% en 2014 , al tiempo que se produce una progresiva y persistente concentración de activos.

La mitad inferior de los hogares alemanes representa menos del 4% de los activos totales, mientras que la mitad superior de todos los hogares posee el 96% de los activos. De hecho una décima parte de la población total posee alrededor del 60% de los activos , «por eso se convierte en necesario un mecanismo que garantice un bienestar básico para todos».

Para combatir este evidente problema, Schloen retoma una idea que no es precisamente nueva y que hunde sus raíces en destacados pensadores, como Tomás Moro (1516) , John Stuart Mill (1806-1873) o el ganador del premio Nobel Milton Friedman . Da un paso más en el sentido de señalar la necesidad de avanzar en el desmontaje de un sistema de valores anterior, basado en el empleo y la meritocracia, y más compatible con la era de la digitalización, que exige a su juicio que «a cada persona se le dé la oportunidad de vivir como diseñador independiente, como director independiente de su propia película , y de ser activo en el cuidado de sí mismo y de los demás». El plan financiero que propone para soportar esa renta universal es, en efecto, realmente posible, pero requiere cargarse conceptos que han dado forma a nuestra sociedad durante milenios, como el de herencia familiar.

La propuesta toma la hipótesis de aplicar la renta universal en Alemania. De acuerdo con esto, 47.6 millones de los llamados receptores completos recibían un pago de ingreso básico incondicional, libre de impuestos, de 1,500 euros por mes. Esto se traduce en un volumen de pago de 856.800 millones de euros anuales . Además, habría que contar con 14 millones de complementos de pensión, cada uno con un salario mensual de 1000 euros, un total de 156.000 millones de euros por año. Y con un total de €37.200 millones anuales para los 10,4 millones de niños.

Todo ello suma hasta 1.050.000 millones de euros en pagos de ingresos básicos anuales. La contribución sustancial a la redistribución de activos , según este proyecto, sería aportada por un nuevo impuesto a la herencia completamente reformado de € 91.000 millones en ingresos fiscales anuales. Otra contribución financiera neta sería realizada por los regímenes de impuestos sobre la renta, particularmente sobrecargados en los ingresos de capital, con ingresos fiscales de 85.000 millones de euros al año y que terminarían ascendiendo con la reforma hasta los 176.000 millones en impuestos adicionales.

Todos los demás componentes de financiación, con la excepción de un aumento manejable del impuesto especial , no suponen, efectivamente, una carga para nadie. Pero entregar al Estado todas nuestras posibilidades de movilidad social y redistribución de la riqueza no es una idea que cuente siempre con el apoyo de la población. En teoría, aproximadamente el 60% de los alemanes desearía el establecimiento de la renta básica universal, según European Social Survey, pero el porcentaje era similar en Suiza y cuando la cosa se puso seria se dio la vuelta. El país helvético es el único que ha realizado un referéndum al respecto, en junio de 2016, y el resultado fue que un 76,9% de los votantes rechazó aquellos 2.260 euros al mes libres de impuestos.

El establecimiento de la renta universal básica en un país, por lo demás, generaría sin duda una emigración masiva al mismo para obtener la ciudadanía y el derecho a percibir dichos ingresos que desequilibraría automáticamente la ecuación. Y la única experiencia práctica al respecto, llevada a cabo en Finlandia , no ha dado los resultados esperados. El proyecto iniciado en 2017, que suponía la entrega de una renta de 560 euros al mes a un grupo cobaya de 2.000 personas de entre 25 y 58 años, sin contraprestación alguna, tenía previsto una duración de dos años más pero fue suspendido tras doce meses. Si bien los beneficiarios del ingreso sufrieron menos estrés, menos problemas de salud y pudieron concentrarse mejor, en su mayoría no encontraron incentivo para encontrar trabajo.