La Comisión quiere usar 750.000 millones para salvar a España e Italia

El paquete que presentó ayer Ursula von der Leyen incluye las dos cosas y las engrana con toda una serie de concesiones con las que espera convencer tanto a los países que necesitan ser salvados de esta catástrofe, esencialmente España e Italia , como a los cuatro reticentes, los llamados «frugales» ( Holanda, Austria, Suecia y Finlandia ) que no quieren oír hablar de pagar más.

El paquete presupuestario para los próximos siete años llevará encajado un nuevo elemento de intervención económica que ha bautizado como pacto de la « Nueva Generación» y supondrá que por una vez y sin que sirva de precedente, el Ejecutivo comunitario pedirá 7 50.000 millones para poder intervenir en ayuda de las economías más dañadas por los efectos secundarios de la pandemia. De ese dinero que pedirá la Comisión, el fondo de recuperación contará con 560.000 millones , que es algo más de lo que sugería la propuesta franco-alemana y menos del billón que pedía España, y que se dedicará a proporcionar apoyo financiero a los países a través de inversiones y reformas , sobre todo centradas en la transición energética y la digitalización de las economías europeas.

Este mecanismo estará integrado en el esquema legal del llamado «Semestre Europeo» que incluye controles y recomendaciones específicas que deben cumplir los países. En caso de que los gobiernos acepten esta propuesta, del total del fondo de recuperación, 310.000 millones serán dedicados a subvenciones directas a proyectos aprobados por las Comisión y el resto, 250.000 millones, tendrán forma de créditos que han de ser devueltos.

Los fondos estarán disponibles para todos los Estados miembros, pero la Comisión asegura que intentará concentrar su acción en los más afectados y en aquellas regiones más dañadas por los efectos de la pandemia. Aunque la distribución de los topes máximos a los que podrán optar los distintos gobiernos no se ha calculado todavía, porque además una parte irá directamente a empresas, los estudios preliminares que se han filtrado calculan que España será el país más beneficiado después de Italia y ambos suman casi la mitad y están muy lejos de los niveles de ayuda que necesitarán todos los demás.

En total, se da por hecho que España podría aspirar a proximadamente el 19% del fondo de reconstrucción , lo que equivale a unos 140.000 millones de los que algo más de la mitad, unos 77.000 millones serían ayudas a fondo perdido, y el resto, más de 63.000 millones, serían créditos. Italia podría solicitar hasta un total de 173.000 millones de euros de este fondo.

Además, la Comisión propone añadir 55 000 millones de euros a los actuales programas de política de cohesión para ser usados por las regiones lo antes posible, a partir de ahora mismo y durante los próximos dos años, en las regiones donde de la gravedad de los efectos socioeconómicos de la crisis, incluido el nivel de desempleo juvenil, está siendo más acuciante. La propuesta de Von der Leyen añade 40.000 millones de euros adicionales al Fondo de Transición energética Justa y otros 15.000 millones para el Fondo de Desarrollo Rural , que se añadirían al presupuesto de este año.

El resto del presupuesto comunitario para los próximos siete años lo mantiene en los niveles que se habían quedado las negociaciones en febrero, es decir, dentro de los 1,1 billones de euros para los próximos siete años, de modo que por ahora los países no deberán aportar más dinero de lo previsto y el fondo de recuperación permanece aparte, como una excepción única que no crea precedentes.

Para pagar esa parte del fondo que no va a ser devuelta, la Comisión propone que los Gobiernos le habiliten para establecer nuevos impuestos con los que recaudar ingresos nuevos que no necesitarían tampoco del auxilio de los países miembros. La presidenta ha dicho que no quiere que sean impuestos individuales, es decir, que no los paguen los ciudadanos en persona, sino que pretende explorar nuevos territorios fiscales como los impuestos al carbono, a la aviación, a las grandes digitales, o al uso de plástico . En 30 años, que es el periodo de amortización que se ha previsto, la Comisión espera haber liquidado esta operación, que no pretende ser permanente sino todo lo contrario.

Para preparar el terreno, la presidenta Von der Leyen ha querido hacer el anuncio formalmente en el pleno del Parlamento Europeo, donde ha obtenido el apoyo claro de los tres grandes grupos, populares, socialistas y liberales , y la comprensión con menos entusiasmo por parte de los verdes y la izquierda unitaria. Tal como está el plan en este momento, es evidente que el Parlamento lo aprobaría sin rechistar.

Pero quienes tienen que dar su visto bueno son los países , a los que la presidenta de la Comisión dice haber sondeado en los últimos días y ha constatado que «el concepto fundamental es aceptable para todos». El elemento más atractivo para los «frugales» será sin duda que a la hora de valorar si los planes que presenta un país para recibir subvenciones, la valoración no la hará solamente la propia Comisión , sino que ellos podrán intervenir también a través del Consejo y eventualmente vetarlo.