CETA, el acuerdo comercial entre la UE y Canadá que Pedro Sánchez no quiere apoyar

Desde el Gobierno, sin embargo, han defendido la importancia de que este acuerdo comercial trasatlántico salga adelante. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina , recordó este viernes al PSOE que pactos como el CETA «están generando empleo» en España al aumentarse "de forma importante» las posibilidades de exportación. En el caso concreto del CETA, la ministra aseguró que se trata de una «oportunidad» porque recoge aspectos «muy importantes», como un «mayor reconocimiento y protección» a las figuras de calidad como las denominaciones de origen.

El comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici , también ha defendido en su visita a España de esta semana la necesidad de avanzar en el libre comercio y en la armonización de la política económica y fiscal europea. Para Moscovici, este tratado es «el mejor que ha firmado la UE con un país amigo que comparte los valores europeos».

El socialista francés aseguró también no entender la postura de Sánchez, ya que cree que el PSOE debería ser un partido con vocación europea, respetuoso con las reglas que los Estados miembros se han dado.

Pese al debate actual, el CETA, que ya fue validado por el Parlamento Europeo en febrero de 2017 , se aplica ya al 95% en la práctica. La UE y Canadá firmaron el acuerdo el 30 octubre 2016 después de conseguir el visto bueno de la región belga de Valonia ante su rechazo inicial.

La región belga francófona consiguió finalmente la inclusión de una cláusula que garantizará que se verifique que el sistema de arbitrajes privados para resolver litigios entre inversores y países es compatible con los tratados europeos. Bélgica también consiguió introducir una «cláusula regional» activable «en caso de desequilibrio en el mercado» agrícola.

El CETA es el mayor acuerdo económico bilateral que ha negociado hasta ahora la UE y le convierte en el segundo mayor socio comercial de Canadá en bienes y servicios. El tratado tiene como objetivo la creación de un área comercial con 800 millones de consumidores mediante la eliminación de aranceles y la oferta de garantías a las empresas para que inviertan.

En este sentido incluye u n mecanismo de resolución de disputas denominado ISDS, que permite a las empresas demandar a los gobiernos sobre cualquier nueva legislación que pudiese reducir sus beneficios.

Asimismo, el tratado facilitará los desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios entre la UE y Canadá. Por otro lado, rermitirá a los arquitectos, ingenieros y contables europeos prestar servicios en Canadá.

Además, contribuirá a acabar con las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá.

Bruselas asegura que su puesta en marcha supondrá un aumento del 23% del comercio bilateral de bienes y servicios, hasta un importe de 26.000 millones de euros, y un incremento del PIB comunitario próximo a los 12.000 millones anuales. La Comisión defiende que facilitará el acceso de servicios europeos como las telecomunicaciones o el transporte al mercado canadiense y a las licitaciones públicas.

Sus críticos consideran que rebaja los estándares de protección medioambiental y de salud pública y desconfían del método de resolución de conflictos entre un Estado y una empresa privada por considerar que favorece a esta última, que es la única que puede demandar.