El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente, Joaquim Torra
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente, Joaquim Torra - EFE

Cataluña es la única autonomía a la que todas las agencias dan un «rating» de bono basura

La calificación crediticia actual lastra las aspiraciones de Torra de salir del paraguas del Estado y financiarse en los mercados

MadridActualizado:

Si ha habido una administración beneficiaria de la mejora de la economía y los ingresos fiscales de los últimos años ha sido las comunidades autónomas. Sus niveles de ahorro entraron en positivo hace algo más de doce meses, mientras menguó la relación de su deuda con el PIB. El resultado de este cambio de tendencia no se ha hecho esperar y 13 comunidades lograron en 2018 mejorar su calificación crediticia por parte de alguna de las grandes agencias de «rating». Solo Cataluña, La Rioja y Cantabria tuvieron que resignarse con la misma nota. Ahora bien, la región que preside Joaquim Torra se sitúa en la peor de las posiciones, pues es la única cuya deuda todavía es calificada por todas las agencias como «bono basura», lo que entorpece sus deseos de desligarse del paraguas de la financiación estatal y emprender su salida independiente a los mercados.

La solvencia crediticia de Cataluña es la peor valorada ya que tanto Fitch («BB») como Moody’s («Ba3») le otorgan un «rating» por el que consideran los títulos de esta región de riesgo alto o «bono basura». Standard & Poor’s, la tercera gran agencia, dejó de calificar oficialmente a Cataluña el pasado otoño al no renovarse el contrato que mantenían, pero su última nota, de septiembre de 2018, era de «B+», en líneas con las otras dos. Por si fuese poco, en los tres últimos años, coincidiendo con el desafío secesionista de la Generalitat, ni Moody’s ni Fitch han movido sus notas.

Solo la Comunidad Valenciana tiene una situación parecida, ya que Moody’s y S&P califican también de «bono basura» su deuda soberana, pero Fitch le otorga el grado de inversión. Además, en el caso de esta autonomía su nota si ha mejorado.

Aragón, Baleares, País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Asturias y Valencia registraron mejoras de calificación a lo largo del pasado ejercicio, mientras que Andalucía ya se la había anotado en 2017, al igual que Canarias. País Vasco y Navarra gozan de un reconocimiento crediticio mayor incluso que el del Tesoro público, algo inusual también con la deuda privada de empresas y a lo que no pueden optar otras comunidades porque «la mayor parte de sus recursos dependen de las transferencias del Estado a través del sistema de financiación autonómica», explica un informe al respecto de AFI.

Un buen «rating», clave

La importancia de los «rating» para las comunidades autónomas va más allá del mero prestigio financiero. Contar con una calificación de grado de inversión es una condición necesaria para que las regiones puedan salir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) estatales, a través de los que se vienen financiando desde 2012.

Andalucía y Baleares fueron las primeras en lograrlo el año pasado, cuando captaron 600 y 500 millones de euros respectivamente en los mercados, y en este ejercicio probablemente volverán a emitir deuda por ellas mismas. Así, solo Madrid, Navarra, País Vasco —que nunca dejaron de emitir—, Andalucía y Baleares están presentes en los mercados.

La expectativa del Gobierno, según explicó recientemente el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, es que otras comunidades sigan sus pasos durante 2019. Galicia y Castilla y León son dos de las candidatas. De hecho, la vuelta a los mercados de las comunidades y su menor déficit público reducirá este año las emisiones del Tesoro por cuenta de las autonomías de 15.000 a 9.000 millones netos.

Paso del FLA al FFF

Cataluña está aún lejos de alcanzar la independencia financiera. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció a finales de 2018 la salida de Cataluña del FLA y por tanto del control más estricto del Ministerio de Hacienda, para pasar al FFF, al haber mejorado sus datos de déficit, deuda y periodo medio de pago a proveedores y situarlos dentro de los parámetros fijados por ley.

El Gobierno catalán vendió ese cambio como una muestra de la salud financiera de la comunidad y un paso intermedio para su vuelta a los mercados. Sin embargo, en 2019 seguirá financiándose a través del Estado y pedirá al FFF 8.071 millones, y no se prevé que puede financiarse por su cuenta al menos hasta 2020.

Primero, porque no presentó a Hacienda antes del 30 de noviembre del pasado año, como marcan los plazos, el necesario plan plurianual de endeudamiento. Pero lo que excluye a Cataluña automáticamente del mercado es su mala calificación crediticia.

Gran parte de los inversores institucionales, como los fondos de pensiones, no pueden invertir su dinero en títulos que no tengan un «rating» equivalente al grado de inversión. Y los de Cataluña no cuentan a día de hoy con ese aval. Además, en el caso de aquellos inversores que si pudieran adquirir bonos catalanes, estos exigirían a la Generalitat una rentabilidad elevadísima, cuando a día de hoy se financia a través de los fondos estatales a unos tipos de interés de entre el 0% y el 1%. Por tanto, hacerlo por su cuenta le saldría carísimo.

Coste de financiación

«Cataluña no ofrece el marco de estabilidad que el inversor demanda para poder emitir deuda», decía hace una semana el director de Mercados de CApital de Société Générale, Fernando García, al presentar sus perspectivas para 2019, en las que se augura que otras regiones salgan al mercado.

Ayer mismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, indicó que desde una lógica financiera no ve ventajas a que Cataluña se plantee a corto plazo volver a financiarse en los mercados financieros y apostó por negociar con el principal acreedor, es decir, el Estado, que acumula 57.513 millones de euros de deuda de la Generalitat, el 73,2% de los 78.506 millones de adeuda, fruto de ese recursos a los fondos estatales.

«Con los tipos de interés al alza no acabamos de ver la ventaja desde punto de vista empresarial de no negociar con el principal acreedor, el Gobierno, sobre la deuda, y establecer unas condiciones más económicas que las que del mercado», explicó Valls. Frente a esa financiación del Estado a bajo coste, la Generalitat paga a los inversores por la deuda que emitió hasta 2012 y que aún sigue vive rentabilidades que alcanzan el 6,35%.