Cataluña gasta en pensiones casi 4.700 millones más de lo que cotiza

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quiso lanzar ayer un mensaje de « tranquilidad y confianza» a los 1,5 millones de jubilados catalanes, pero también advirtió de los riesgos que supondría romper la caja única en una región que acumula el 25% del déficit en España. «Nadie va a poner en riesgo su presente y su futuro. Los pensionistas recibirán sus pagos gracias a la garantía de solidaridad de la caja única», afirmó.

Avanzó la titular de Empleo que solo entre enero y julio «el déficit que está afrontando el sistema en Cataluña es de 1.900 millones, de los cuales 1.400 se producen solo en la provincia de Barcelona». «Barcelona es la provincia española con más déficit», apunto. Según la ejecución presupuestaria su agujero rozó los 4.000 millones en 2016.

En una jornada con los directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General, la titular de Empleo dijo que a los pensionistas catalanes les avala el «sistema integrado y solidario» al que pertenecen, que ha hecho frente al pago de las pensiones «en los momentos difíciles de crisis».

La crisis y el envejecimiento de la población han llevado al sistema de pensiones al límite en España. Las previsiones indican que este año cerrará con un déficit de 18.600 millones. Cataluña no es ajena a esta crisis, incluso es la región más deficitaria si se analizan los datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social (ver gráficos adjuntos).

El problema de la región con sus pensiones es delicado por varios motivo: la estructura de su población tiene más pensionistas que la media, las pensiones son más elevadas y la relación cotizante-pensionista es más baja que en el resto del país, ya de por sí reducida. Como ya informó ABC la relación afiliados-pensionistas está situado en 2,2 , la más baja en 18 años.

Un estudio realizado por la Seguridad Social sobre la situación en la comunidad catalana al que ha tenido acceso ABC refleja que la Seguridad Social en Cataluña fue deficitaria en 3.299 millones en 2016. Un dato que aumenta hasta los 4.692,5 millones si se tienen en cuenta las transferencias que el Estado aporta a la Seguridad Social para el pago de las prestaciones no contributivas y los complementos a mínimos de las pensiones. Estas son las ayudas que reciben aquellos jubilados que no han cotizado lo suficiente para poder cobrar la pensión mínima del sistema.

Según este documento este déficit equivale al 2,3% del PIB de Cataluña, un porcentaje muy superior a lo que supone el déficit de la Seguridad Social sobre el PIB de España, el 1,7% del PIB . «Un dato en sentido contrario a la propaganda de la Generalitat», dice el documento del Gobierno.

La evolución que reflejan los datos oficiales no casan con los objetivos y análisis del gobierno catalán. Hace unas semanas un estudio del Govern aseguraba que «si Cataluña fuera independiente no solo las pensiones estarían garantizadas, sino que la sostenibilidad del sistema mejoraría ». Añadía el trabajo que su sistema de la Seguridad Social sería «más sostenible» y «viable» que en el conjunto del Estado.

Pero el futuro no parece tan despejado si se analizan los datos del sistema de previsión. Estima que la proyección del saldo financiero de Cataluña en el periodo 2017-2021 muestra un progresivo empeoramiento del déficit que se elevaría, según sus datos a 5.506,20 millones en 2022 . Y ello sin contar las transferencias del Estado para las prestaciones no contributivas y los complementos a mínimos de las pensiones.

El documento también analiza cuál sería el comportamiento del mercado de trabajo si Cataluña se separara de España. En el texto se explica que hay «muchos motivos» para pensar que no se mantendrían las condiciones actuales en muchas variables con incidencia negativa en sus fundamentos macroeconómicos y, en especial, en el PIB y el empleo , las principales variables con incidencia en la sostenibilidad de las pensiones.

Y explica también que frente a la hipótesis manejada por la Generalitat, en la que la secesión unilateral de Cataluña no perturbaría en nada el actual nivel de su economía, el documento del Ejecutivo explica que «una decisión de esas características implicaría graves consecuencias, entre otras cosas, sobre la venta de bienes y servicios producidos en Cataluña derivada de su obligada salida de la Unión Europea».

Asegura también que « utilizando un cálculo prudente , el posible impacto tan solo de la disminución de sus exportaciones al resto de España implicaría un descenso de como mínimo el 5% de su PIB. El impacto sobre el empleo estaría cerca del doble de este porcentaje». Asegura que Cataluña perdería más de 250.000 puestos de trabajo, lo que sería letal para su sistema de pensiones dado que la recaudación por cotizaciones y la base tributaria se reducirían drásticamente, incidiendo muy negativamente sobre los ingresos. «Este descenso profundizaría el importante déficit de partida en la Seguridad Social», explica.

«De cumplirse este escenario, una posibilidad bastante probable conocida la legislación de la UE, empeorarían significativamente el esfuerzo en relación al PIB que debería realizar para equilibrar el sistema como suma de los menores ingresos y las mayores prestaciones por desempleo que debería asumir», señala.

La ministra de Empleo avanzó también ayer «entre enero y julio de 2017 el déficit que está afrontando el sistema en Cataluña es de 1.900 millones de euros, de los cuales 1.400 se producen solo en Barcelona, la provincia con mayor déficit», afirmó la ministra.

El problema de esta región con sus pensiones es delicado por varios motivos: la estructura de su población tiene más pensionistas que la media, las pensiones son más elevadas y la relación cotizante-pensionista es más baja que en el resto del país , ya de por sí baja.

Según datos de la Seguridad Social en la actualidad solo tres regiones podrían pagar sus pensiones. Es el caso de Baleares, Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla. Cataluña es la región más deficitaria, con 4.700 millones, seguida de Andalucía (-4.168 millones) y de Galicia (-2.930,8 millones). País Vasco, que históricamente ha reclamado la géstión de las pensiones, suma un déficit de 2.769 millones de euros.