Sede de la Caixa Geral de Depósitos REUTERS

Bruselas aprueba una nueva inyección de 4.600 millones de euros en el mayor banco de Portugal

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, llegó anoche a un principio de acuerdo con las autoridades portuguesas para recapitalizar Caixa Geral de Depósitos

CORRESPONSAL EN LISBOAActualizado:

Bruselas da un respiro al Gobierno socialista de António Costa después de aprobar la recapitalización del primer banco de Portugal, el público Caixa Geral de Depósitos (CGD), cuyas necesidades económicas han quedado fijadas en 4.600 millones de euros.

La inyección directa del Estado ascenderá a 2.700 millones, mientras que el resto del dinero se concretará a través de otras fórmulas. Por ejemplo, 1.000 millones se formalizarán en deuda subordinada, mediante inversores privados. Los últimos 900 millones de euros corresponderán a la mutación del capital convertible en acciones.

Así lo confirmó la comisaria europea Margrethe Vestager, cuyas palabras hacen que el primer ministro luso tome aire antes de la venta de Novo Banco: “Hemos llegado a un principio de acuerdo con las autoridades portuguesas para permitir la recapitalización de Caixa Geral en los términos del mercado”.

La medida se asocia a un drástico recorte de gastos, que se traducirá en la supresión de 2.500 puestos de trabajo en CGD, según los planes que ya había anunciado el secretario de Estado del Tesoro, Ricardo Mourinho Félix, primo del ex entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

Igualmente, queda aprobado el nuevo organigrama directivo del banco, presto a entrar en funcionamiento entre finales de agosto y primeros de septiembre.

El presidente del Consejo de Administración, integrado por 11 gestores, será António Domingues, ex hombre fuerte de la operadora telefónica NOS.

Estos 4.600 millones de euros se suman a los 11.178 que ha costado evitar el colapso del sistema bancario luso desde la quiebra del Espirito Santo hace dos años. Un montante que incluye las inyecciones económicas destinadas a Banif, BPN y BPP.

Este sector del país vecino es el que más preocupa a la Unión Europea, junto con el italiano, también bajo los efectos de las graves dificultades.