La brecha con IU-Podemos complica la tramitación del acuerdo sobre el superávit municipal en el Congreso
Montero introduce en el BOE un cambio de última hora, y se da ahora un plazo de 15 años para devolver los remanentes de entidades locales y diputaciones
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno
La polémica no abandona el reciente acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno, para que los primeros cedan sus remanentes- estimados en hasta 5.000 millones de euros- a la Administración General, a cambio de que esta ... adelante el 35% del montante cedido bajo condiciones; así como de un fondo de 5.000 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales. La oferta de Hacienda se complementa con una partida de hasta 400 millones de euros, destinada al déficit del transporte público. Todo ello, dentro de un acuerdo que salvó el voto de calidad del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero , y que ahora afronta una complicada tramitación en el Congreso. PP, Ciudadanos y PdeCAT se oponen, mientras IU-Podemos se situó en una abstención crítica.
Con las heridas dentro del municipalismo español todavía abiertas, la publicación del texto en el BOE trajo ayer, para muchos, una sorpresa : en su actual redacción, el artículo 3.2 establece ahora que «el importe del principal del préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de 15 años, a partir de 2022» . En el acuerdo firmado el martes en Moncloa entre Caballero y Sánchez se recogía en el punto cuatro que «el importe íntegro del préstamo será amortizado en el plazo de diez años, a partir de 2022».
Desde el Ministerio de Hacienda negaron que se tratara de un cambio de última hora y aseguraron que los ayuntamientos podrán optar al plazo de diez años inicial. Según argumentan, el punto aludido abría esta posibilidad al añadir que «las entidades locales podrán acogerse voluntariamente a un plazo mayor, si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofreciese condiciones más ventajosas».
Desde el PP, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Susana Pérez, asegura que en la Junta de Gobierno de la FEMP «no se habló en ningún momento de los 15 años» y apunta que en lo firmado se habla de 10 años. En este sentido, critica lo que entiende como «una falta de respeto a la autonomía local» y reconoce que «la única esperanza es que el texto se paralice durante la tramitación parlamentaria». Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense Manuel Baltar , confirma que solo se habló de 10 años y lamenta que «el Gobierno ha optado por una vía que es lo contrario del consenso». En su opinión, lo sucedido es «una tomadura de pelo más».
El rol de IU-Podemos
El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (IU-Podemos), también coincide con otros alcaldes en que «se ha roto el histórico dentro de la FEMP» y exige que «el plazo de devolución se acorte». Del Cura espera mejorar lo aprobado en el Congreso y propone «que se usen los fondos europeos para ayudar a los ayuntamientos con problemas».