El PSOE rompe la FEMP y aprueba por la mínima usar los superávit locales

El documento aprobado incluye el compromiso del Gobierno de distribuir 5.000 millones de los presupuestos entre los ayuntamientos con remanentes. Además, establece que los entres locales «voluntariamente» pondrán a disposición del Gobierno su tesorería. A cambio, el Estado se compromete a transferirles 2.000 millones de sus remanentes este año y otros 3.000 el que viene . Esto será devuelto en diez años, comenzando en el año 2022. «La cesión es la única manera de utilizar los remanentes. Tras cederlos al Estado, éste nos los devuelve libres de déficit y listos para gastar», arguementaba el alcalde de Vigo en la rueda de prensa posterior.

Una fórmula «imaginativa» , en palabras de María Jesús Montero pero que ayer resquebrajó en dos la junta degGobierno de la FEMP, levantando a su vez una fuerte polvareda política. De sus 25 miembros, 12 votos fueron favorables (del PSOE) y 12 fueron en contra (10 del PP, uno de Cs y uno del PdeCat). IU-Podemos optó por la abstención al entender que el acuerdo es mejorable, pero que podría abordarse en el trámite parlamentario. Hoy mismo el consejo de ministros aprobará el acuerdo, previsiblemente, que posteriormente deberá convalidar el Congreso.

Abel Caballero argumentó que lo aprobado permite a las entidades locales elegir «a la carta» ceder sus remanentes , acogerse a la fórmula que regula actualmente estos superávit u optar por una fórmula mixta. «Es compatible, según el acuerdo, el uso de remanentes y superávit», explicó el primer edil vigués.

La aprobación de la propuesta de Hacienda, que también suspende el cumplimiento de la regla de gasto para los ayuntamientos en 2020 e incluye un fondo de 275 millones ampliable a 400 por el déficit en transporte durante la pandemia, ha suscitado críticas y reproches en especial en las filas del PP. El líder popular, Pablo Casado, criticó en Twitter la ruptura del consenso y denució qu e «se deje fuera a los que más lo necesitan para que los afectados por la covid tengan ayudas». Se sumó después su secretario general, Teodoro García Egea, quien acusó al Gobierno de ser el «más caro de la historia» y de «confiscar los ahorros de los ayuntamientos».

El presidente de la diputación de Ourense Manual Baltar, calificó lo sucedido en declardaciones a ABC de «ataque a la autonomía local» y calificó la jornada de ayer como «un día aciago para FEMP». En su opinión, con esta maniobra, el PSOE ha hecho una «utilización partidista» de esta institución. Baltar reprochó que, en esta pandemia, el Gobierno no haya puesto «ni un euro» para las entidades locales y tachó la propuesta aprobada con la mayoría relativa del partido de Sánchez de «operación económico- financiera a la desesperada».

Además, «el último documento lo recibimos ayer y las variaciones eran mínimas respecto al anterior», asegura, lo que, en su opinión, manifiesta el nulo esfuerzo por alcanzar un consenso. «Es todo un teatrillo» , sentenció. «Esto es una fotografía de la situación política de España: frente a un remanente generado por la buena gestión en tiempos económicamente difíciles, el Estado llega, interviene y lo devuelve en 10 años», sentencia Baltar.

Sobre el compromiso del Gobierno para distribuir 5.000 millones de euros de los Presupuestos Generales entre los municipios, Baltar cree que es un «cebo» y avisa que todo el pacto es «lesivo» para los municipios y las provincias. Además de «ignorar» a los ayuntamientos rurales, al imponer condiciones al uso de los remanentes..

Las críticas de los populares tuvieron una rápida respuesta a través de un comunicado de la ministra María Jesús Montero quien aseguró que «Hacienda ni roba ni expropia» a los ayuntamientos y acusó directamente al PP de «metir» al usar estos términos al refererise a la propuesta de su ministerio. Un acuerdo que también contempla el compromiso para seguir avanzando en la nueva financiación local, en paralelo con la reforma de la autonómica. El máximo responsable de la FEMP anunció que en septiembre se constituirá una mesa de trabajo técnica para este fin .

A juicio de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas , algún tipo de acuerdo para el uso de estos remanentes era algo esperable y más, «tras cuatro o cinco años consecutivos de crecimiento económico». En este sentido, destaca que la subida del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) tuvo mucho que ver en la formación de estos superávit y que estima en entre 3.500 y 5000 millones de euros . Pich constata también que «se ha introducido una flexiblización de la norma de gasto para este año y el que viene» y muestra su preocupación, especialmente por el déficit del transporte público - en la propuesta aprbada hay un fondo de 275 millones para este fin. En esta línea, lanza un aviso: «Hay saber en qué gastar y cómo lo ligamos a un sguimiento a la eficiencia de este gasto. Este es un discuso que veo poco fundado», apunta.