Las ayudas directas a pymes y autónomos encallan y emulan el caos del ingreso mínimo

Esta ayuda, que era esperada como agua de mayo por miles de empresas y autónomos, se ha convertido finalmente en una medida casi residual en varias regiones. Ante esta sequía de formularios de solicitud, las comunidades están ampliando los periodos, aunque esta medida adicional no está siendo suficiente para animar a los empresarios con problemas económicos. El verdadero giro que necesita la norma, según las asociaciones de autónomos consultadas, se centra en un cambio de las exigencias y en que el Gobierno rectifique cuanto antes la normativa. Ahora, las compañías están obligadas a acreditar un desplome mayor al 30% en la facturación, no haber contabilizado pérdidas en 2019 –excepto en circunstancias excepcionales–, ni tampoco pueden haber empezado el camino del proceso concursal. También deberán estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social . Además, estos fondos solo pueden ser utilizados por las empresas que tengan facturas sin abonar desde marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de este año.

Por ello, los autónomos piden dos cambios clave a aprobar en Consejo de Ministros para que la norma sirva realmente de algo y llegue al mayor número de compañías: que se suprima la exigencia de que los peticionarios no encajen pérdidas a 31 de diciembre de 2019 y, por otro lado, que puedan acceder a la liquidez los emprendedores con deudas con proveedores pendientes de pago a fecha de 31 de diciembre, en lugar de a 31 de mayo. «Las ayudas directas que ha puesto en marcha el Gobierno central y que están licitando las comunidades están siendo un verdadero fracaso», asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien cree que «bastaría con corregir el real decreto y eliminar el requisito de pérdidas de 2019 y también el de las deudas contraídas para establecerlo a 31 de diciembre». De no ejecutar ya estos cambios, la mitad de los 7.000 millones de euros planificados para ayudar a las empresas se devolverá intacto al Estado, según ATA.

En este escenario, en julio pasado apenas se habían concedido el 40% de las ayudas, unos 2.800 millones de euros, del total del paquete de 7.000 millones de euros aprobados en el plan de medidas urgentes, según datos recopilados por la organización de autónomos UPTA. «La mayoría de las convocatorias publicadas por las CC.AA. han terminado ya el periodo de solicitud o están a punto de hacerlo y los resultados son desastrosos», advierten. Desde UPTA también lamentan la falta de comunicación de la Administración con las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y también se quejan de no haber participado en el diseño junto al Gobierno, unos factores que han desencadenado la 'tormenta perfecta' para hacer de estas ayudas «un verdadero fiasco».

En base a los datos de UPTA, en Asturias solo se ha pedido el 4% del total del dinero disponible con unos plazos ya cerrados. En la parte de abajo de la tabla se encuentran también Cantabria (14%), Cataluña y Murcia, ya que ambas han registrado un porcentaje inferior al 20%. Por contra, las comunidades que más porcentaje de peticiones han recibido a fecha del mes pasado son Castilla-La Mancha (70%), Canarias y Baleares, ambas con un 60%.

El presidente de UPTA asegura que ya han planteado al Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño, un nuevo plan de ayudas directas para autónomos con pérdidas de facturación entre los años 2019 y 2021. «No van a superarse el 60% del importe de las ayudas concedidas mientras que no se modifique totalmente el real decreto y se establezcan definitivamente qué son las ayudas directas y cómo deben ser repartidas», señala el presidente de UPTA, Eduardo Abad. También se ha trasladado al Gobierno la necesidad de modificar ciertos requisitos, como la supresión de la necesidad de mantener deudas vivas o facturas pendientes de pago con proveedores y se ha exigido que la ayuda directa se otorgue únicamente por razones de pérdidas de facturación. «Muchos de los autónomos de nuestro país ya han pagado con sus propios recursos y ahorros las deudas que tenían contraídas con proveedores. Gracias al esfuerzo de estos autónomos se evitó la rotura de la cadena de pago entre fabricantes, vendedores y proveedores», añade Abad.

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, considera que «no son ayudas ni son directas» debido a que están sujetas a tributación y a que una parte se devuelva en impuestos y a los duros requisitos establecidos como condiciones. «Desde el primer día en que salieron dijimos que no iban servir, ya que están más pensadas para la gran empresa que para pymes», apunta Santiago. «Es un cóctel molotov que ha llevado a que las empresas no estén pidiendo las ayudas; muchas de las pymes que tengo como clientes y con las que trato a diario piensan que no merece la pena el papeleo para no llegar a nada al final», puntualiza.

Santiago también se refiere a otras ayudas, las derivadas de los fondos europeos Next Generation, e indica que también están más diseñadas para grandes compañías que para pymes. «Los pequeños empresarios y los autónomos no se quieren complicar la vida, por lo que no van a solicitar fondos europeos, como no han solicitado ayudas directas y como tampoco han demandado al Estado por el confinamiento. Prefieren sufrir con las pérdidas que tener en la nuca al Estado con sus inspecciones», explica. En consecuencia, según un sondeo realizado por los Gestores Administrativos , solo el 14% de las pymes tienen intención de pedir este dinero. «Aquí también han delegado la competencia en las comunidades, pero además, el dinero se adjudica por actividades económicas con un criterio que iguala a todas las regiones y sectores. Esto no es así en la práctica porque no todos los sectores tienen la misma importancia dentro de las comunidades», argumenta.