Las ayudas para pymes y autónomos se estrellan contra el muro burocrático del Gobierno

El principal problema que señalan los expertos se encuentra en la redacción del propio mecanismo, que se ha efectuado como ley de subvenciones y no como ayuda económica social directa. Un factor que obliga a las empresas a tener que justificar todos los pagos que hagan con el montante de ayudas recibido ante el organismo autonómico correspondiente . Pero la dificultad va más allá porque a nivel nacional la cobertura económica a fondo perdido solo está disponible para las empresas que tengan facturas a deber desde marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de este año . Esa es una de las barreras más intratables para pymes y autónomos, que afirman que buena parte de ellas han llevado sus deudas al día, apoyándose en fondos propios u otros créditos.

Además, un alto porcentaje de las que sí deben dinero a proveedores se muestra reticente a pedir las ayudas ante el alto coste burocrático que les puede suponer sin tener el conocimiento de cuál es la cuantía que van a recibir. El decreto exige como principal requisito una caída de más del 30% de la facturación respecto a 2019 por parte de las compañías interesadas, que aspiran a recibir entre 4.000 y 200.000 euros –o 500.000 en el caso de Baleares–.

Para rematarlo, el lío se eleva al nivel de la propia autonomía, ya que todo aquel pago que no pueda ser probado antes del 31 de diciembre tendrá que hacerlo retornar a la Administración. Además de enfrentarse a un 'sudoku' burocrático con cada ayuda: primero tienen que cotejar con la Agencia Tributaria ; luego hacer el pago a la compañía solicitante y que esta les mande el justificante de vuelta con lo que ha pagado y cómo lo ha hecho; y al final justificarlo a la Administración. En definitiva, un trámite extenso y aparatoso que está provocando que muchas empresas no soliciten las ayudas.

«En estos momentos no llegan a un 12% del total de autónomos los que han solicitados estas ayudas», señala a ABC el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor . A su juicio, que solo se puedan justificar aquellos gastos no pagados a proveedores, no sirviendo los sí abonados, es un error. Un requisito impuesto por el Gobierno y que las comunidades autónomas, que son las que reparten el dinero, no pueden modificar si el Ejecutivo no da su beneplácito. «Si se quitara ese requisito se dispararían las solicitudes», sostiene.

Como informó ABC, son muchos los sectores, aunque especialmente el turístico, que denuncian lo establecido en el decreto. «Premia a los morosos incumplidores frente a los que han asumido sus responsabilidades» , explicaban en un comunicado un total de catorce patronales.

Las regiones también alertan de este problema y algunas fuentes consultadas señalan que la mayor parte de las empresas que acumularon facturas sin pagar durante catorce meses ya no existen. No se descarta que ante las escasas solicitudes recibidas las comunidades autónomas acaben negociando con el Gobierno central para flexibilizar esta condición, según las mismas fuentes.

Otro de los problemas que surgen es que al transferirse las competencias del reparto del dinero a las comunidades autónomas hay algunas que van más rápido que otras a la hora de ejecutar las ayudas. Así, mientras Baleares cerró la convocatoria de las ayudas la semana pasada, Aragón abre hoy el plazo, casi cuatro meses después de que se aprobara el decreto.

Todas pretenden agotar los fondos recibidos en septiembre. Las escasas peticiones, sin embargo, hacen que sea casi imposible que se vaya a cumplir con ese objetivo. De hecho, casi todas las comunidades han tenido que ampliar el número de sectores que se pueden beneficiar de las ayudas más allá de los 95 que aprobó el Ejecutivo en un principio. También han extendido los plazos para solicitar las ayudas con el fin de poder cubrir los 7.000 millones de euros.

Pero a pesar de estas 'triquiñuelas', el número de peticiones están siendo menos de las esperadas. Por ejemplo, en Baleares, que recibió 855 millones de euros, el Govern cifró en 33.000 las empresas que podían beneficiarse de las ayudas. Finalmente, y tras ampliar el plazo dos semanas, el número total de autónomos y pymes que han solicitado las ayudas no llegan a 12.000 . Es decir, casi dos tercios menos de las previstas.

Andalucía cifró en unas 45.000 empresas las que se iban a poder beneficiar. Según los datos de la Consejería de Empleo, el pasado viernes había 25.230 solicitudes presentadas. En Madrid , según los datos del 12 de julio, las peticiones llegaban hasta las 35.028, mientras que en Canarias son unas 10.000. Cataluña y la Comunidad Valenciana, que cierran el grupo de las seis regiones que más dinero recibieron, no pudieron precisar datos a este diario. En el caso catalán alegan la complejidad de los trámites para dar una cifra exacta.

Con esta radiografía de la situación en las principales comunidades autónomas, fuentes empresariales alertan de que ante el menor número de peticiones de las esperadas podría sobrar un buen pedazo del pastel de los 7.000 millones de euros . «Tememos que estas ayudas directas, si no se reconducen, sean un fiasco y no vayan a ayudar a aquellos que tan mal lo han pasado» , comenta Amor. Aunque el porcentaje de excedente variará dependiendo de la comunidad y la laxitud que haya establecido en los condiciones de acceso a estos fondos.

En este último punto es en el que hacen hincapié desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). La patronal instó a las comunidades a finales de mayo a simplificar el procedimiento burocrático para solicitar las ayudas directas, «ya que la complejidad del sistema desalienta a las empresas de menor tamaño», además de advertir de que «es preciso reducir los costes y plazos de cumplimiento que puedan sufrir las empresas sin prejuicio de la capacidad de la Administración de comprobación posterior».

Pero, ¿cómo agilizar el proceso? Para Cepyme lo fundamental es que se revisen los requisitos de acceso, se simplifique el proceso burocrático eliminado algunos de los catorce requisitos de acceso a las ayudas (diez de ellos corresponden a Hacienda ), además de que las Administraciones Públicas agilicen sus procedimientos para confirmar que las empresas son justas beneficiarias.

En este sentido ponen el ejemplo de lo realizado por países como Alemania o Portugal, que aprobaron este mecanismo como ayuda social directa, de manera que con la simple introducción del NIF/CIF, a través de la Agencia Tributaria, se determina de forma directa si la empresa cumple o no los requisitos.

De las ayudas de estos países también destaca la patronal que se aprobaron como compensación a las restricciones y no con el objetivo de que los deudores cobren como pasa en el caso de España .