Aviso del Banco de España: el bono del alquiler puede inflar aún más los precios

Es una de las conclusiones del informe anual de 2021 de la institución, publicado la semana pasada. El Banco de España reitera sus dudas sobre la ley de vivienda al afirmar que «no contempla algunas actuaciones que podrían suponer un impulso estructural significativo de la oferta de vivienda en régimen de alquiler». Y se expresa de forma tajante sobre el bono joven de 250 euros, al asegurar que puede suponer «una transferencia de renta del sector público a los propietarios de las viviendas».

El organismo ya había advertido en anteriores informes sobre el posible impacto negativo de las ayudas al alquiler . Pero no había entrado a valorar directamente esta ayuda en concreto, que se pondrá en marcha durante los próximos meses con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

«La evidencia empírica sugiere que, en un mercado con una oferta relativamente inelástica, se corre el riesgo de que se produzca una transferencia de renta del sector público a los propietarios de las viviendas en alquiler, con subidas de precios que sufren también los inquilinos que no reciben el subsidio», abunda el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos en su informe anual.

El diagnóstico del Banco de España es compartido por consultoras y portales inmobiliarios. Pero no solo. Formaciones como ERC y Más País cuestionaron el incentivo cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros. Íñigo Errejón consideró incluso que si no se acompañaba de los controles de precios sería como «un bizum para los caseros». Mientras el bono de ayuda al alquiler estará ya operativo este año, los límites de precios no se pondrán en marcha al menos hasta finales de 2023. Y eso si finalmente llegan a entrar en vigor, ya que la ley de vivienda, que tiene que pasar todavía el trámite parlamentario, deja en manos de las comunidades la implantación de estos controles.

Como fuere, lo cierto es que la entrada en vigor de esta ayuda está haciéndose de rogar. El Gobierno tuvo que esperar varios meses hasta que contó con el visto bueno de la Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado. Una vez conseguidas ambas autorizaciones, el Ejecutivo remitió los días 26 y 27 de abril las 17 resoluciones finales de la ayuda (una por comunidad menos País Vasco y Navarra además de Ceuta y Melilla). Fuentes del Ministerio de Transportes explican que todas las regiones han respondido ya remitiendo su «conformidad» con las resoluciones. Y más de la mitad han completado además el resto del papeleo necesario para acceder a la financiación de la ayuda.

«A fecha 24 de mayo de 2022, once comunidades autónomas ( Asturias, Galicia, Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura ), así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han realizado todas las gestiones para que el Tesoro Público les pueda remitir el importe asignado», destacan desde Transportes.

Está previsto que las cuatro restantes completen las gestiones en días. Una vez este paso se cumpla, el Estado completará la transferencia de los fondos que sufragarán la medida a las autonomías, que serán las que gestionen la convocatoria de las ayudas. Desde Transportes aseguran que algunas ya han recibido los fondos.

Tal y como informó este periódico, determinadas comunidades han aprovechado el proceso para perfilar sus convocatorias, por lo que es previsible que en las próximas semanas empiecen a estar disponibles. El bono joven, anunciado por Pedro Sánchez en octubre, supone una subvención de un máximo de 250 euros para pagar el alquiler dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 24.318 euros anuales durante un máximo de dos años. Entre los requisitos planteados por el Gobierno se incluye que el alquiler no supere los 600 euros, aunque las comunidades que así lo deseen pueden elevar este tope hasta los 900 euros.