La administración pública del futuro «perderá» sus papeles

Un informe de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales –Ametic– propone una serie de medidas para que la revolución 4.0 se instale también en las diferentes estructuras del Estado. El director general de esta patronal, Benigno Lacort, considera «urgente y prioritario conseguir una administración sin papeles como paso necesario, pero no suficiente, para disponer de una administración totalmente digital». Recuerda que en los últimos años se han elaborado distintos planes con este objetivo, pero no se han cumplido. Así que «ésta debe ser una prioridad inaplazable dentro de esta legislatura». Una transformación que, en su opinión, habrá de aplicarse también a las administraciones autonómicas y locales, y en cada una de las cuales el proceso tendrá que contar con un plan específico.

Entre las medidas que propone Ametic figuran un incremento de la inversión en I+D+i; elevar la deducción fiscal por proyectos de innovación tecnológica; reducir el IVA de los contenidos digitales culturales y educacionales; limitar el peso del criterio precio en las licitaciones para contratar servicios... Aconseja también habilitar a corto plazo, en todas las administraciones públicas, la figura del «chief digital officer» para impulsar esa revolución. Su papel debería ser «promover y dirigir la transformación digital interna, haciendo uso de los beneficios de la tecnología como herramienta para mejorar el servicio al ciudadano y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles», afirma Lacort. Y con «un perfil tecnológico y conocimientos de gestión». Una de sus principales funciones sería «implicar a todos los órganos directivos con el proceso transformador».

El informe plantea asimismo otras herramientas: fomentar la inversión en infraestructuras de banda ancha ultrarrápida, cloud computing, big data analytics, planes de smart city... Benigno Lacort da especial importancia a aquellos medios destinadas a mejorar la formación y el desarrollo del talento digital, que «es un aspecto imprescindible para la interacción del ciudadano con la Administración».

¿Cuál será el perfil del futuro funcionario? «Va a estar más en contacto con la tecnología y esto será un factor que le ayudará a desempeñar su trabajo». En opinión del director general de la patronal de empresas tecnológicas, « la transformación digital contribuirá a aportarle flexibilidad, autogestión y visibilidad con el resto de la organización». Y contribuirá también a «aumentar la satisfacción laboral del funcionario ampliando su ámbito de capacidades».

Pero, ¿ello supondrá una reducción del número de funcionarios? Frente a quienes opinan que la digitalización supone un riesgo para el empleo, Ametic cree que, antes al contrario, contribuirá a la generación de puestos de trabajo, también en la administración pública. De los principales rankings hechos a nivel internacional, se desprende que en España la concienciación sobre la necesidad de acometer la transformación digital «es aún insuficiente». Según el último informe del Digital Economy and Society Index, España está por debajo de la media europea y, lo que puede ser más inquietante, registra un crecimiento muy lento. Así, en el apartado de «capital humano», que puntúa las competencias básicas y avanzadas de los ciudadanos, nuestro país está en la posición 18, «lo cual nos da una referencia de lo mucho que hay que mejorar», advierte Lacort.

En el escenario mundial, la situación de España no es muy diferente. Nuestro país ocupa el puesto 35 en digitalización, de acuerdo con el ranking de Network Readiness Index. La clasificación está liderada por Singapur, seguida de Finlandia, Suecia, Noruega y Estados Unidos. Un índice que penaliza a nuestro país muy especialmente en lo que respecta a formación tecnológica de los empleados.

Aunque, en el caso concreto de la Administración, España está un poco mejor que el ámbito empresarial. Así se desprende del apartado «servicios públicos digitales», del mencionado informe de Digital Economy and Society Index. Pero, «nos queda camino por delante para disponer de una administración pública plenamente digital». Así que, «esto debería considerarse como una prioridad a corto plazo para lo que hay que elaborar un plan ambicioso», sentencia Lacort.

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital declinó valorar la situación en la que actualmente se encuentra la Administración Central en este proceso. El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el Plan de Transformación Digital, que incluye una serie de actuaciones. El objetivo es alcanzar una administración plenamente digital para 2020. Para ello propone, entre otras metas, desarrollar el puesto de trabajo digital; proveer servicios públicos digitales adaptados a las nuevas tecnologías; mejorar la satisfacción del usuario en el uso de los servicios públicos digitales; promover la innovación en la prestación de servicios; proveer de manera compartida servicios comunes; disponer de sistemas de análisis de datos para la toma de decisiones; gantizar la seguridad de los sistemas de información de la Administración...

La patronal de empresas tecnológicas propone, también, implantar al 100% la historia clínica digital y la receta electrónica, así como los procedimientos de la Administración de Justicia y los procedimientos mercantiles y corporativos. Además, establecer, por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un observatorio específico del empleo TIC. Aconseja elaborar un catálogo de titulaciones universitarias acorde a las necesidades de la economía y sociedad digital. En concreto, promover y potenciar la formación universitaria de nuevos directivos capacitados para cubrir la brecha existente entre técnicos y no-técnicos. También, ayudas a la producción de contenidos digitales y al desarrollo de la economía colaborativa.