El Gobierno ultima con Bruselas la creación de la sociedad de autopistas
Confía en tener un acuerdo con la banca y las concesionarias antes de que acabe el mes, tras ganar algo de tiempo al aplazarse la liquidiación de la AP-36
La creación de la sociedad pública de autopistas vuelve a estar en la agenda del Gobierno, tras el receso de las elecciones europeas. Representantes de los ministerios de Fomento, Hacienda y Economía han mantenido en las últimas semanas diversas reuniones en Bruselas con representantes de la UE para especificar los puntos clave del plan con el que el Ejecutivo pretende aglutinar nueve sociedades concesionarias en quiebra , como le había exigido la Comisión Europea, preocupada por que la nacionalización de estas carreteras constituya una subvención encubierta.
Se trata de las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4, R-5), la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Alicante y Cartagena.
La Unión Europea está llevando a cabo un análisis exhaustivo de la propuesta española y, según fuentes del Ejecutivo, las conversaciones avanzan a buen ritmo.
Y, mientras, en casa, continúan las conversaciones con concesionarias y constructoras en busca de un acuerdo para poner en marcha la nueva sociedad estatal de autopistas. El tiempo se agota, aunque el Ejecutivo ha ganado dos meses de margen . El pasado viernes se tenía que celebrar la junta de acreedores de la AP-36 (entre Ocaña y La Roda), controlada por Ferrovial (con un 55%), Sacyr (40%) y Kutxabank (5%). Y, por segunda vez, y a petición de la Abogacía del Estado, se ha aplazado la junta dos meses, hasta el próximo 19 de septiembre. Ese es el margen máximo de negociación, aunque el Ministerio de Fomento pretende dejar encauzado, si no cerrado, un pacto en las dos próximas semanas.
El plazo acaba en septiembre
Y es que si llegado el mes de septiembre los acreedores de la AP-36 deciden su disolución, se pondría en riesgo la constitución de la nueva Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ya que la intención del departamento que dirige Ana Pastor es contar con todas las concesionarias posibles, que permitan a la futura sociedad pública aumentar su línea de ingresos y, de esa manera, facilitar su viabilidad económica.
En esta negociación contra reloj existen tan solo dos alternativas. O se crea la sociedad nacional de autopistas o habría que plantear la «liquidación ordenada» de cada sociedad concesionaria. Esta es una de las opciones defendidas por un núcleo reducido de accionistas, por la banca acreedora extranjera y, hasta fechas recientes, era una de las posibilidades que defendía el Gobierno.
Su principal pega es que el coste para el Estado en términos económicos e incluso de reputación podría resultar mayor, ya que previsiblemente desataría una cascada de recursos judiciales que se prolongarían durante varios años. Tendría mayor efecto en el déficit público, pero diluido en varios ejercicios.
La opción de la liquidación
No obstante, la liquidación no es la opción que tiene en estos momentos el Ejecutivo encima de la mesa. La apuesta es crear una sociedad estatal de autopistas, que contará con un 100% de capital estatal y reunirá, además de la AP-36, a las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4, R-5), la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la circunvalación de Alicante y la AP-7 (entre Alicante y Cartagena).
El Ejecutivo planteó el pasado mes de marzo a las entidades financieras, constructoras y concesionarias esta propuesta a cambio de una quita del 50%, que reduciría el pasivo de 4.600 a 2.300 millones. La deuda reconocida se abonaría mediante un bono con vencimiento a 30 años y una rentabilidad de entre el 1% y el 4,3%, variable en función de los tráficos. No obstante, esa rentabilidad podría aumentar al 2,5%, según las últimas conversaciones mantenidas la semana pasada entre Fomento y la banca acreedora.
La patronal de las mayores empresas de la constucción, Seopan, se lamentó de la naturaleza de estos bonos (computarían como deuda pública, pero no como déficit), que consideran insuficientes de cara a su venta posterior en el mercado. La organización solicitaba una rentabilidad equivalente a la del bono del Tesoro español a 30 años. La «imposibilidad», según Seopan, de comercializar estos títulos es lo que ha provocado el rechazo de las entidades extranjeras, que presionan en contra de que la medida llegue a buen puerto.
Lasalida aquí probablemente consista en que los bancos nacionales (BBVA, Santander, Bankia, Caixabank, Banc Sabadell y Banco Popular) se queden con la deuda de las concesionarias que está en manos de la banca internacional. Eso sí, al menos para esta parte de la deuda, las entidades bancarias españolas quieren que los bonos que reciban a cambio tengan una rentabilidad mayor de la que se ofrece por el resto. Y en eso está la negociación, sobre la que todas las partes son optimistas.
Riesgo para el déficit
Otra de las peticiones que está encima de la mesa y que tiene menos posibilidades de ser aceptada por el Ejecutivo es que el Estado avale los bonos que se entreguen a concesionarias y bancos como si fueran títulos de deuda pública, algo a lo que el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a acceder por el riesgo que supone para el déficit.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete