Fomento gana tiempo para el rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra

La junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda, la que tiene más avanzada su tramitación entre las nueve que se encuentran ya en concurso, acordó este viernes aplazar hasta el próximo 19 de septiembre la reunión en la que debe dirimirse su futuro. Ferrovial y Sacyr, principales socios de la concesionaria, habían pedido aplazar hasta dentro de 43 años (2057) el pago de los 522 millones de deuda que arrastra.

La banca, sin embargo, no ve factibles esas condiciones, aunque la alternativa sería la disolución de la sociedad. Se activaría entonces la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), a la que se restaría el coste de las expropiaciones del suelo. En el caso de la AP-36 sí puede salirles a cuenta, pues el erario público tendría que abonar 487 millones, sólo 35 menos que la deuda.

El problema es que la siguiente en caer sería la autopista Madrid-Toledo, con una deuda de otros 530 millones y donde la resta es mucho más desfavorable para empresas y bancos. Por eso, Fomento, Hacienda, constructoras, concesionarias y entidades financieras reanudaron este viernes las conversaciones a fin de buscar una solución en las próximas semanas.

Según las fuentes consultadas, el pacto entre todas las partes –asumida de antemano esa quita del 50%- pasaría seguramente por elevar la rentabilidad de los bonos que le ofrece el Gobierno –con cargo a la nueva Empresa Nacional de Autopistas que se crearía, remedo de la privatizada en 2003- a cambio de la parte del pasivo que no se eliminaría. Unos intereses que, según la propuesta inicial de Fomento, parten de un mínimo del 1% anual para llegar hasta el 4,3% en función de cuánto aumente el tráfico de la autopista correspondiente.