«Aunque Rubiales demuestre que el beso fue consentido, será inhabilitado»

Llegados a este punto, queda preguntarse: ¿A qué tipo de sanción se expone Rubiales en el TAD? ¿Podría la Audiencia Nacional admitir la denuncia de Fiscalía por agresión sexual? Jacinto Vicente, renombrado abogado especializado en el ámbito deportivo, habla con ABC para arrojar algo de luz sobre el proceso que se avecina, que asegura que será rápido por «la presión mediática, pública y política que existe».

Vicente explica que el TAD, compuesto por siete miembros -tres de ellos, mujeres-, es la última instancia en el ámbito sancionador deportivo, y por ende un punto de no retorno en el caso de las disputas disciplinarias. Cuando el organismo recibe una denuncia, realiza una evaluación preliminar y, si lo considera necesario, puede aplicar medidas cautelares. Algo que, según el abogado, es más que probable; y que seguramente terminará con una sanción económica y una inhabilitación de -por lo menos- dos años, que impida a Rubiales presentarse a las elecciones de la RFEF en 2024.

La nueva Ley del Deporte, en vigor desde el 1 de enero de 2023, entra en juego en este escenario. Según Vicente, la actuación de Rubiales podría ser considerada una «falta de decoro en el ámbito deportivo y abuso de autoridad», categorizada como una infracción muy grave. Las sanciones previstas para este tipo de infracciones son severas: una multa que oscila entre 3.000,1 euros y 30.000 euros, y la posibilidad de ser inhabilitado para ocupar cargos durante un periodo que podría abarcar de dos a doce años (aunque el abogado cree que no superará los cinco).

«Todo esto ira en función de lo cabezón que sea rubiales, y de hasta dónde sea capaz de llevar su huida hacia delante», apunta el reputado experto. «Todo el mundo esperaba que dimitiera el viernes, estoy casi seguro de que si eso hubiera sucedido le hubiera caído el mínimo, dos años para asegurar que no se presenta a las elecciones. Pero ahora... veremos», expresa Vicente, para quien el comportamiento de Rubiales en todo momento ha sido «indigno de su cargo» y cree que es imposible que salga indemne. Especialmente, con la mirada del deporte español puesta en la candidatura de España para acoger el Mundial de 2030.

«Rubiales tendrá la oportunidad de defenderse ante el TAD y presentar su versión de los hechos, igual que Jennifer Hermoso será llamada para corroborar ciertos aspectos de la denuncia», apunta el abogado. «Aun en el caso de que Rubiales lograra aportar pruebas de que el beso fue consentido, eso sería únicamente relevante ante la justicia ordinaria, donde, recordemos, tiene actualmente una denuncia de Fiscalía por agresión sexual; pero nada de esto importa en el ámbito administrativo deportivo, donde su conducta seguiría siendo merecedora de reproche sancionador por incumplir sus responsabilidades representativas, como la bochornosa imagen que dio en el palco, o su discurso en la asamblea de la RFEF», asegura Vicente.

En cuanto a la vía penal, cabe recordar que han sido particulares quienes han acudido a la Fiscalía a denunciar a Rubiales por un delito de agresión sexual. La Fiscalía de Madrid, como la Fiscalía General del Estado, han dado traslado de los escritos -son cuatro- a la Audiencia Nacional, al considerar que la posible investigación sería de su competencia porque los hechos se cometieron en el extranjero. Ahora se abre una fase en que los fiscales de esta instancia estudiarán las denuncias y determinarán si se abre o no una investigación y, en ese caso, si la ponen en manos de un juez.

Aunque con la ley en la mano, la Fiscalía es competente para actuar de oficio en los delitos sexuales y podría hacerlo aunque la propia Hermoso no presentase una querella, el Código Penal lo que impone es que ha de «ponderar» las circunstancias de la víctima a la hora de decidir si actúa en su nombre. En la práctica, lo habitual es que los fiscales sólo actúen cuando se trate de menores de edad o víctimas en una situación de vulnerabilidad. Es de tener en cuenta además, que la vía penal paraliza automáticamente la administrativa, por lo que las decisiones o resoluciones del TAD en su caso quedarían en un segundo plano si entrase en escena un juzgado de la Audiencia Nacional.