La SGAE da un paso hacia el abismo y desafía al Ministerio y a su requerimiento

Desdeñando lo que significaba el nuevo apercibimiento del Ministerio que tutela la actividad de las entidades de gestión, la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, convocó a su Junta Directiva con un orden del día que había levantado todas las suspicacias y se celebró ayer. Fuentes de la entidad no dan crédito a la situación que se abre después de la reunión y que se resume en una rebelión contra el Ministerio, el recurso contra el último requerimiento ministerial, la entrega de una información parcial y el aplazamiento de una asamblea que ya ha sido convocada –y desconvocada– dos veces. «Poco serio», dicen las fuentes.

Según relevantes socios de la entidad, la presidencia de Pilar Jurado se ha visto manchada por su incapacidad de evitar la expulsión de la internacional de las entidades de gestión, CISAC , y por el deterioro de las relaciones con el Ministerio, que lleva más de un año y medio conminando a la SGAE a que cumpla la ley de Propiedad Intelectual en unos términos concretos que los órganos diretivos han evitado cumplir en cualquier caso. Por contra, Jurado y sus sucesivos equipos –sus altos cargos duran poco y ha mudado de personas de confianza varias veces– han mantenido su poder gracias al apoyo de los votos de la Rueda de las Televisiones , a los que ha ido sumando otros, como los liderados por Antonio Onetti y Fermín Cabal , en Audiovisual y Gran Derecho, a los que ha permitido desgajar la gestión de audiovisuales y otras concesiones que elevarán los costes de administración , según han denunciado músicos y editores.

Con los editores multinacionales ha ido a la guerra abierta y con el Ministerio ha permitido el deterioro de la relación hasta la rebelión suscrita ayer por los vicepresidentes –únicos miembros que conocieron el texto de respuesta al Ministerio– y el resto de los junteros.

Fuentes bien informadas advierten a ABC de que si de aquí a enero se produce la salidad de los socios que han pedido la baja –muchos famosos–, el Ministerio retirará la licencia «total o parcialmente» a la SGAE.

En un comunicado oficial llegado anoche a las redacciones, la SGAE ratifica que la asamblea ha sido desconvocada sin fecha concreta de celebración, que queda para «comienzos del año 2020». EL comunicado se ocupa de señalar que la culpa del requerimiento es de «un socio de la SGAE (en representación de tres editoriales multinacionales)».

El requerimiento exigía a la entidad dejar de aplicar de manera restrictiva el artículo 27 de los estatutos vigentes con el fin de convertir en socios no estatutarios, fuera de la protección de las normas que rigen la SGAE, a todos aquellos que hayan escrito solicitando la baja, que se hará efectiva en enero próximo .

En ese sentido, el requerimiento ha sido el motivo por el que la asamblea, en la que iban a votarse los nuevos estatutos -que endurecían notablemente el artículo 27 citado- ha dejado de ser una opción. Según la nota oficial, la SGAE define esto como una «paradoja jurídica».

Ante el riesgo de una impugnación de la Asamblea, según la versión oficial, o tal vez ante la posibilidad de que los socios afectados por el artículo 27 votaran en contra de los nuevos estatutos, se ha trasladado la asamblea a 2020, cuando todos los que han pedido la baja ya no serán socios ni sus derechos estarán gestionados por la SGAE . Se evitará así la votación de muchos socios críticos.

La nota confirma también la decisón de recurrir el «requerimiento de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, por considerar que dicho requerimiento empuja a la entidad a incumplir el artículo 27 de los Estatutos, que la entidad considera legal y ajustado a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones. Otro de los argumentos jurídicos en los que se basará el recurso es la supuesta injerencia del Ministerio, al considerar que con el citado requerimiento ha excedido sus competencias de tutela ». El comunicado confirma de este modo el rumbo de colisión que podría llevar al Ministerio a cancelar la licencia de la SGAE, total o parcialente.

«En este proceso, la entidad cuenta con el asesoramiento del letrado José Ángel Castillo, magistrado en excedencia y socio y codirector del departamento de Derecho Público del despacho de abogados Aguayo-Ejaso, el mismo que presentó las alegaciones a la petición de intervención judicial por parte del Ministerio de Cultura este mismo año, intervención que fue denegada por la Audiencia Nacional», dice la nota.