El sector cultural, entre la irritación y la satisfacción moderada ante el paquete de ayudas del Gobierno

En un comunicado conjunto, las empresas del sector del libro (librerías, editoriales y distribuidoras) valoraban ayer, y agradecían, el «esfuerzo» del Gobierno para aprobar las medidas. Sin embargo, el instrumento elegido para que las empresas culturales obtengan liquidez, la sociedad de garantía recíproca Audiovisual Finanzas SGR, plantea «grandes dudas» a la industria editorial, ya que «se trata de una entidad que tiene un absoluto desconocimiento de las peculiaridades del sector del libro y de sus necesidades». Además, creen que, al establecer un mínimo de 40 millones para todos los subsectores, «no se ha conseguido una proporcionalidad que se corresponda con el peso real del sector del libro», y se quejan de que de los 75 millones destinados a los sectores culturales «sólo cinco van destinados al sector del libro y, más concretamente, a las librerías independientes».

En resumen, el sector valora las medidas como «positivas», pero las considera «insuficientes para afrontar la caída de los ingresos y para asegurar la pervivencia de las empresas». Por ello, reclaman la aprobación de «medidas adicionales urgentes», entre ellas un programa de compras públicas de libros para bibliotecas, la aprobación de un bono-libro, mayor apoyo a la exportación de libros o la implantación del cheque libro para la adquisición de libros de texto. Por último, el sector reclama al Gobierno que el libro sea considerado «bien de primera necesidad», «en línea con lo que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno».

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto una obviedad que, hasta ahora, el sector parecía obviar en sus reivindicaciones: sin salas no hay cine. Con todas las pantallas apagadas, el Ministerio de Cultura ha aprobado por primera vez un paquete de ayudas a los exhibidores. Lo hace con un fondo de 13.252.000 euros destinados a sufragar los gastos de las salas relativos a la adopción de los nuevos protocolos de seguridad e higiene y a las campañas promocionales. «No echamos en falta nada en el paquete aprobado, han tenido en cuenta el protocolo sanitario y la idea de fomentar que la gente vuelva a los cines», explican desde la Federación de Cines de España con satisfacción, aunque con dudas sobre el futuro: «Abrir con un tercio de aforo no es rentable, y a eso se le une el incremento de costes, pero en algún momento tenemos que arrancar. Eso sí, de cara a la apertura hay mucha incertidumbre, nos enfrentamos a muchas dificultades y estaría bien que los Ayuntamientos plantearan nuevas medidas de apoyo vía impuestos», expresan.

Mucho más negro lo ven desde la Asociación Estatal de Cine, que agrupa a los principales productores. «Estamos aterrorizados con la situación que se nos plantea», explican a ABC fuentes de la asociación, que preparan para este miércoles una reunión de urgencia para dar respuesta a un paquete que, consideran, pone al borde de la quiebra a las productoras responsables del 85% de la taquilla española. «Teníamos una petición crítica, que era que el tema de los incentivos fiscales se articulasen con otro sistema que en lugar del crédito fiscal fuera el “rebate”, que es utilizar el dinero que estaba aprovisionado para los incentivos a los rodajes extranjeros y utilizarlos en la industria española», lamentan, ya que aseguran que hay inversores privados que se han bajado de los proyectos o que piden el triple de retorno, lo que hace «inasumible la operación». «Hay asociados que podrían irse a la quiebra, nos han dejado fatal. Los incentivos [del paquete de medidas] están bien, pero si no hay gente que quiera invertir, no nos sirven para nada».

Desde Aecine habían apoyado medidas ya aprobadas, como que llegara más dinero a la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR (Crea SGR) o los ERTE para los actores, pero ven cómo las principales productoras españolas han quedado en un limbo que pone en peligro la supervivencia. «Con las medidas, quienes vayan a hacer cine en los próximos años tendrán condiciones magníficas, pero en el corto plazo las grandes empresas ya consagradas, las que hacen industria, lo van a pasar mal porque con estas medidas no tenemos capacidad de atraer inversión privada», desgranan, y aseguran que con el dinero que se ha dado a los exhibidores, las diez o 12 grandes productoras podrían salir adelante.

En el ámbito del arte, el Real Decreto y las declaraciones del ministro siembran más dudas que aportan soluciones para los agentes del sector, a la vez que lo indignan y lo incendian. Marta Pérez Ibáñez, presidenta del IAC (Instituto de Arte Contemporáneo) encuentra las medidas «desilusionantes»: «Partamos de la base de que tanto el documento como el ministro en su comparecencia hacen ahora mucho hincapié en el aporte de la Cultura al PIB. E incluso generan como una especie de ránking de sectores en función de ese peso, en el que se situaría en primer lugar el libro, en segundo el audiovisual, en tercero el arte y en cuarto las artes escénicas. Pues curiosamente, el Real Decreto le dedica todo un capítulo a este último ámbito del teatro y la danza, y unas pocas líneas a nosotros, pese a que se admite que nuestra incidencia en la economía es mayor».

Pérez Ibáñez destaca además un párrafo –el que hace alusión al millón de euros que, según cita de forma literal, se destinará «para la promoción del arte contemporáneo y, en concreto, para el desarrollo de proyectos de innovación digital que fomenten la difusión de las artes visuales, la creación artística, la comunicación, la difusión internacional y la adquisición de arte contemporáneo español»– que «ayer no estaba en el documento» y que genera total controversia: «La Comunidad de Madrid ya anunció hace unas semanas que iba a destinar medio millón solo a la adquisición de obras de arte, por lo que un millón para todo el país es insuficiente. A lo que se suma qué entienden por “proyecto de innovación digital”, ya que casi parece que se va a premiar la comunicación on line o las labores de community manager».

De opinión similar es Isidro López-Aparicio, portavoz de la todavía por acabar de constituirse Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo en España (plataforma que reúne a seis de las principales asociaciones del sector artístico, entre las que se sitúan, por ejemplo, la Unión de Autores, ADACE, MAV o el Consorcio de Galerías de España), que manifiestan sin medias tintas un «sentimiento de indignación ante la postura del Ministerio, que demuestra no comprender las necesidades del arte contemporáneo, destinatario del 0,8 por ciento del paquete de medidas extraordinarias de los más de 76 millones de euros de los que se dota a todo el sector, un millón destinado al “desarrollo de proyectos de innovación digital”»: «¿Nos vamos a tener que pasar todos a los formatos digitales?», ironiza.

«Está claro que se sigue desconociendo al sector –expone López-Aparicio– y, lo que es peor, lo dejan que se hunda en la miseria». Para el también artista, «en el imaginario de estos políticos sigue prevaleciendo el mundo de las subastas o del artista multimillonario»: «Seguimos siendo un ámbito olvidado al que las ayudas transversales, por nuestra propia especificidad y precariedad, difícilmente le llegarán. Nosotros no tenemos ingresos continuados, ni podemos cotizar todo el año, pero sí que soportamos unos costes, un mantenimiento de estructuras -nuestros propios estudios- que no afectan a otros compañeros de la cultura».

Y es que López-Aparicio hace mención a las palabras especiales que Uribes ha dedicado a actores de cine y teatro, también a agentes de la danza, a los que ha considerado como entre «los más afectados»: «Es un drama que no se pueda desarrollar una obra de teatro o grabar una película, pero el actor no acarrea con los costes de mantenimiento del teatro o los de producción de la grabación. Nuestros estudios y talleres nos convierten en “pequeños inversores”, lo que agrava aún más nuestras pérdidas», concluye.

En el sector de las artes escénicas las medidas se califican como «moderadamente satisfactorias». Jesús Cimarro, presidente de Faeteda (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) y de la Academia de las Artes Escénicas de España, destaca las medidas que van a permitir puedan acceder, a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), a ayudas de cuarenta millones de euros, y las referidas a la prestación por desempleo para los artistas: «Cuando acumulen entre 20 y 54 días de actuación, dicha prestación será de 120 días, y de 180 cuando hayan realizado 55 o más días». Subraya también las ayudas extraordinarias -«es la primera vez que el sector de las artes escénicas las recibe»-, y que van a permitirles de algún modo mantenerse «hasta que podamos abrir los teatros con total normalidad», algo para lo que seguramente falten aún varios meses. En el debe está la cuestión del mantenimiento de los ERTE, que no ha quedado aclarada –«creo que se va a abordar de manera más general, porque afecta a muchos sectores»–, y tampoco se ha tocado la cuestión del IVA de las entradas. «Las administraciones tienen que pagar un 21 por ciento de IVA cuando contratan espectáculos. Creemos que se debería bajar al 10 por ciento; de ese modo, los Ayuntamientos, fundamentalmente, podrían generar mayor empleo y, de paso, también más actividad».

Ni una mención a la tauromaquia. Aun así, la Fundación del Toro de Lidia considera que «los profesionales taurinos estarán incluidos en las medidas relacionadas con la Seguridad Social de los artistas, nuestro primer objetivo». Su presidente, Victorino Martín, manifestó: «Confiamos en la palabra del Ministerio de Cultura; en la reunión telemática con su secretario general nos prometieron un trato como al resto de las industrias culturales y nos pidieron que enviásemos una propuesta de medidas». Así lo hicieron la pasada semana, con una misiva de 37 peticiones. «Debemos tener paciencia y esperar a que las valoren», dice el ganadero. Sobre la ausencia de la Fiesta en este Real Decreto, comenta que «quizá el resto de sectores hayan ido por delante, pues llevan más tiempo reclamando y dialogando con la Administración». Y hace una reflexión sobre el mundo del toro: «Hemos generado mucha riqueza, pero no hemos sabido beneficiarnos de ella, ni tampoco trabajar con las administraciones. Hasta ahora no habíamos tenido un diálogo tan directo con el Ministerio y exigimos las mismas ayudas que a las demás industrias culturales».

El presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Albert Salmerón, ha instado al Ministerio de Cultura y Deporte a fijar una fecha a partir de la cual puedan celebrarse los festivales de música de verano. «No se nos pasa por la cabeza esperar a junio. «El sector estaba pendiente hoy para tener una declaración con la que poder cancelar o aplazar de forma ordenada y con seguridad jurídica. Pero parece que el ministro desconoce cuál es el mecanismo de estos eventos, lo que implican y los tiempos de producción y montajes, todo muy complejo»

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado en relación a la celebración de festivales de música en verano dentro del proceso de desescalada por la pandemia de coronavirus que será algo que «se decidirá en su momento y habrá que esperar».

Salmerón, ha calificado el Real Decreto de medidas como «insuficiente y decepcionante, y asegura que la AM no entiende «cómo no se toman ciertas medidas que en otros países europeos sí se han hecho, y que además son imprescindibles para poner orden en la música en directo. Era imprescindible que el ministro dijera qué va a pasar y hasta cuándo no van a poder celebrarse estos eventos por causa de fuerza mayor. Queremos que pongan fecha en el calendario y que nos digan que no vamos a poder programar conciertos o festivales hasta cierta fecha. Si no, no podemos avanzar con seguridad jurídica»

Ninguneado y olvidado. La industria española del videojuego ha mostrado su «decepción» por la decisión del Gobierno de no incluir a las empresas productoras en el paquete de medidas de apoyo al sector cultural para paliar el impacto de la crisis del coronavirus. Las dos principales asociaciones han mostrado sus críticas al respecto.

La asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y software de entretenimiento (DEV) ha lamentado que no se incluya a un sector que facturó 813 millones de euros en 2018 . «Se trata de una medida necesaria para impulsar la entrada de inversores nacionales e internacionales en los proyectos de videojuegos desarrollados en España y cuya gran eficacia ha sido ampliamente demostrada en el sector audiovisual, incluida la animación y los efectos visuales; tanto, que el Real Decreto-ley incrementa el porcentaje de deducción fiscal para estas producciones del 20 % al 30 %», han criticado fuentes del sector.

DEV ha calificado de «falta de sensibilidad hacia el sector» la decisión del Gobierno y ha reivindicado la importancia de apoyar a la industria española de desarrollo de videojuegos, «ya que puede representar un motor importante de desarrollo económico». En ese sentido, la industria del ocio electrónico ha recordado, además, que en otros países de la Unión Europea como Francia o Italia se han aprobado incentivos fiscales del cual se benefician las empresas de desarrollo de videojuegos establecidas en estos territorios, incrementando su ventaja competitiva frente a España a la hora de atraer inversiones, proyectos, empresas y capital humano.

Por su parte, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), que representa a más de cincuenta empresas nacionales e internacionales , han «lamentado que no se hayan incluido a priori iniciativas específicas para el videojuego». «Nos alegra que se hayan aprobado medidas orientadas al resto de industrias culturales que están atravesando dificultades y ojalá podamos ver un apoyo similar al videojuego pronto», explica a ABC José María Moreno , director general de AEVI.

En ese sentido, la patronal del sector insta al Gobierno a extender el régimen de incentivos fiscales, que ya se aplica al cine o las artes escénicas, al entorno del videojuego, que mueve más dinero que el cine y la música juntos en España . «Hemos solicitado vía modificación del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre sociedades. Se trata de un marco fiscal que ya está establecido en varios países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido, y con el que creemos que se habría podido lograr que los estudios nacionales subsistiesen en esta momentos complicados y pudiesen crecer posteriormente». En su opinión, en España, la mayor parte de los estudios están basados en buena medida en pymes y micropymes «sin apenas músculo financiero» por lo que «muchos de ellos se encuentran ahora mismo en riesgo grave de desaparecer».