Un nuevo varapalo judicial amenaza la viabilidad de la SGAE

La sentencia, contra la que cabe recurso, estima que en la información proporcionada antes de la asamblea «claramente era insuficiente dada la trascendencia económica del asunto a aprobar, e impidió a los socios formarse una cabal idea del asunto [...] como para tomar sus decisiones al respecto». Y, apreciando «la existencia del vicio o defecto de convocatoria denunciado», la juez declara la nulidad del acuerdo adoptado y ordena reponer la cantidad que fue incorporada en los ingresos de la entidad.

Los últimos balances presentados por la SGAE, los correspondientes al año 2020, registran un patrimonio neto negativo de 37,1 millones de euros , un agujero que con esta sentencia se incrementa a los 47 millones de euros. Si la SGAE fuera una entidad mercantil, estaría en quiebra técnica. En este caso, explica un experto en contabilidad consultado, hay que hablar de una situación de insolvencia.

A estas dificultades ya se refería Ernest & Young antes de la sentencia en el informe de auditoría, donde además alertaba de tensiones en la tesorería por un préstamo que debe devolver y compromisos asumidos con la Fundación SGAE. La obligación de reponer esos 10 millones sustraídos a los socios no hace más que acentuar la insolvencia de la SGAE . Los 37 millones negativos del patrimonio neto registrado a 31 de diciembre de 2020 (ahora 47) y los riesgos adicionales «supondrán salidas futuras significativas de tesorería en la sociedad», advertía el auditor.

El origen de este nuevo varapalo se remonta a la asamblea de la SGAE de enero de 2020. Bajo la presidencia de Pilar Jurado , se incluyó en el punto 5 del orden del día la aprobación «de la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto». Un trasvase del pasivo al activo que, en palabras del expresidente de la SGAE José Miguel Fernández-Sastrón , consistió en «apropiarse» de unos fondos que correspondían a sus socios «para mejorar las paupérrimas cuentas» de la entidad.

Sin entrar en el examen del contenido de lo aprobado y su legalidad, la juez concluye que la fijación de ese punto en el orden del día «fue imprecisa y ambigua» y «estaba redactado de tal manera que no se facilitaba la información suficiente como para comprender» la complejidad del ajuste contable. No solo no se dio información detallada, se indica en la sentencia, sino que incluso se mintió a los socios cuando se aludió a un informe jurídico de Cuatrecasas favorable a la propuesta.

«¿Van el señor [Antonio] Onetti y la actual junta directiva a incluir este punto en la próxima asamblea, para informar a los socios de esta lamentable circunstancia y sus consecuencias?», se pregunta Fernández-Sastrón en su blog. «Permítanme que lo dude. Como tampoco pondrán sus cargos a disposición de quienes se han visto burlados por su nefasta gestión. Si bien es cierto que la presidencia entonces estaba ocupada por Pilar Jurado, no lo es menos que el actual presidente era ya entonces vicepresidente».

Para tapar ese agujero millonario, la SGAE tendría que volver a revisar el descuento de administración , esto es, la cantidad que la entidad detrae del reparto que corresponde a sus autores para hacer frente a los gastos corrientes. El problema es que mientras otras entidades cobran un tipo medio del 10 por ciento, la SGAE viene percibiendo desde julio de 2020 un 18 por ciento. ¿Entenderán los socios una nueva subida por gestionar sus derechos cuando hasta hace no tanto les cobraban entre el 12 y el 15 por ciento?

La auditoría del último ejercicio presentado ya indicaba que el déficit patrimonial de 37 millones superaba el margen del 20 por ciento de los ingresos anuales, el umbral que los estatutos fijan para revisar los porcentajes de descuento, y aludía a la necesidad de incrementarlos para restablecer el equilibrio financiero. La SGAE, en cambio, en la asamblea ordinaria celebrada el pasado 23 de junio declinó hacerlo.

La dirección económica financiera señaló que, pese a que la situación hacía necesario revisar al alza el porcentaje de descuento, la subida de 2020 tenía «un horizonte a diciembre de 2023» y preferían «no agravar más la situación de los socios de la entidad con la recaída de la recaudación». Enrique Soria , el director financiero que admitió estos desequilibrios contables, ha sido destituido de su cargo esta semana, mientras se lleva a cabo la auditoría del ejercicio 2021.