La conflictividad social ha vuelto a instalarse en las calles de la Comunidad Valenciana en forma de preludio de un largo periodo preelectoral que culminará en mayo del próximo año con motivo de los comicios autonómicos.

De hecho, en el primer trimestre del año se han registrado un total de 1.108 manifestaciones y concentraciones en la región, lo que supone una media de doce protestas diarias. Una profusión que ha generado el hartazgo de los comerciantes de los centros históricos, principales damnificados de la oleada de protestas.

Tras una acusada caída de la conflictividad social en 2013, las últimas estadísticas revelan que la estrategia de la oposición de llevar la política a la calle comienza a surtir efecto, y las manifestaciones registradas han aumentado un diez por ciento en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo del ejercicio anterior –de acuerdo con los datos oficiales de la Delegación del Gobierno, con fecha de 31 de marzo, a los que ha tenido acceso ABC–.

Con todo, el fenómeno no resulta homogéneo, ya que mientras que en Valencia capital se ha detectado un descenso del veinticinco por ciento de las protestas respecto al año anterior, en Alicante se han disparado un 75 por ciento.

El repunte de la conflictividad social coincide con el debate abierto en relación a la nueva ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno con el objetivo de conjugar el derecho constitucional de la manifestación con el de aquellos ciudadanos que desean ejercer su libertad para acudir a sus puestos de trabajo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el aumento de las manifestaciones registradas no ha ido aparejado a un repunte de los altercados graves, que alcazaron su punto culminante hace ahora dos años en el marco de las movilizaciones bautizadas como «primavera valenciana».

Con todo, y a pesar de que el primer trimestre de 2014 ha coincidido con una mejora de los indicadores económicos –especialmente en cuanto a la reducción del número de parados y al aumento de afiliados a la Seguridad Social–, el número de protestas llevadas a cabo ha aumentado en vísperas de la celebración de las elecciones europeas.

El pasado mes de enero, organizaciones catalanistas como Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Òmnium Cultural anunciaron la puesta en marcha de una campaña de «movilizaciones sociales» con el objetivo de auspiciar un «cambio político» en la Comunidad Valenciana que beneficiaría a las tres formaciones que aspiran a configurar un tripartito tras las próximas elecciones autonómicas.

Intencionalidad política

De hecho, PSPV, Esquerra Unida y Compromís se han puesto al frente de las convocatorias de muchas de las protestas llevadas a cabo en lo que llevamos de ejercicio, en el que las concentraciones contra el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y las movilizaciones estudiantiles se han llevado la palma.

Así, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno, en la provincia de Valencia se han registrado en lo que llevamos de año un total de 556 manifestaciones y concentraciones autorizadas, lo que representa una caída del once por ciento respecto al mismo periodo de 2013. En Castellón también se observa un descenso, en este caso del 11,3 por ciento, hasta las 94 protestas. En cambio, en Alicante, una provincia especialmente aquejada por decisiones empresariales como el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Coca-Cola, la conflictividad social se ha disparado un 68 por ciento, hasta contabilizar un total de 458 protestas, frente a las 272 registradas en los tres primeros meses de 2013.

Esta situación se replica también en las capitales de provincia. En Valencia se han computado 386 manifestaciones en lo que llevamos de ejercicio ante las 515 de un año antes (un veinticinco por ciento menos). En Castellón de la Plana, con cincuenta protestas hasta marzo, la caída se cifra en el quince por ciento.

Descenso en 2013

En cambio, en la capital alicantina se han contabilizado un total de 239 protestas, cuando en los tres primeros meses del año anterior apenas se registraron 136, lo que supone un aunmento del 75 por ciento, siempre según las estadísticas oficiales aportadas por la Delegación del Gobierno.

No obstante, las cifras de conflictividad social detectadas en el arranque del año distan de las registradas en 2012, uno de los ejercicios más convulsos desde que existen estadísticas al respecto. De hecho, en el primer trimestre de aquel año, el número de manifestaciones y concentraciones alcanzó las 1.289 (más de catorce diarias) frente a las 1.108 del ejercicio actual.