El PP valenciano suspendió ayer cautelarmente de militancia al exconseller y diputado Rafael Blasco, una decisión que implica la inhabilitación para desempeñar cargos públicos en el seno del partido y para representarlo en cualquier tipo de acto. Este acuerdo debe suponer su expulsión del grupo parlamentario. Según fuentes del PP, el portavoz parlamentario, Jorge Bellver, instará a la Mesa de las Cortes a que reubique al exconseller como diputado no adscrito. No obstante, si la Mesa realiza una interpretación literal del reglamento de la Cámara, el grupo popular podría tener que votar para hacer efectiva su salida.

El comité de derechos y garantías del PPCV se reunió de urgencia durante la mañana de ayer para incoar un expediente disciplinario contra Blasco por «la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves» tras sus descalificaciones en un programa hacia la Abogacía de la Generalitat, sobre la que afirmó que había recibido «consignas» para solicitar 11 años de prisión en su contra en el «Caso Cooperación.

La convocatoria de este órgano se consideraba inminente, sobre todo desde que el pasado jueves el jefe del Consell, Alberto Fabra, anunciara que el partido estudiaría si esas declaraciones merecían «algún tipo de sanción». Posteriormente, fue el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, quien concretó que el expediente podría conllevar su expulsión.

Acuerdo por mayoría

Tras el encuentro del comité, Alfredo Castelló –encargado de presidirlo–, comunicó personalmente a Blasco la decisión, antes de hacerla pública mediante un comunicado oficial del partido. Sin embargo, Blasco, como ya subrayó durante la entrevista que ha supuesto el detonante de su suspensión de militancia en el PPCV, mantendrá su acta de diputado por «dignidad personal» y porque fue «elegido en las urnas como representante de la soberanía popular».

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía está imputado en el «caso Cooperación» y a la espera de ser juzgado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a la cooperación internacional.