El halo de esperanza que supuso para el sector naval la aprobación del nuevo sistema de bonificación fiscal se ha visto empañado por una posible resolución desfavorable de Bruselas con respecto al expediente abierto en junio de 2011, que daba respuesta a una denuncia de los astilleros holandeses. Así es que la filtración del borrador sobre el que trabaja la Comisión Europea y que propone que 19 astilleros españoles reintegren cerca de 3.000 millones de euros por las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, ha caído como un jarro de agua fría en el seno de una industria a la que dicen «no dejar levantar cabeza».

Tras más de dos años en dique seco, la decisión de Competencia, con el socialista Joaquín Almunia al frente, se presenta clave para comunidades como la gallega, que concentra el 42% de los astilleros privados de España. Pese a que, tal y como publicó este martes ABC de fuentes del sector, el último borrador de la resolución sería desfavorable a los intereses del naval, ayer el portavoz de Competitividad del Ejecutivo comunitario, Antoine Colombine, señalaba a Efe que «la Comisión Europea no ha tomado ninguna decisión» y que esta «se hará pública en las próximas semanas».

Por su parte, sindicatos y astilleros han vuelto a levantar la voz de alarma, en este caso silenciosa y vía misiva. En una carta al comisario europeo, a la que reclaman se adhieran las administraciones, los secretarios generales de MCA-UGT, Federación de Industria de CC.OO. y representantes de Pymar expresan la «preocupación común» por el futuro del naval español y aseguran que «si la Comisión Europea decide solicitar a España la devolución de las ayudas, automáticamente emitiría el certificado de defunción a un sector industrial, competitivo y tecnológicamente avanzado que emplea a 87.000 familias».

En la misma línea se manifestaba el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien cree que la devolución sería «profundamente injusta» y «perjudicial», no solo para el sector, sino para los intereses nacionales.