Armengol llama a adaptar la Carta Magna a la «diversa realidad territorial» de España

En el solemne salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, ante algunas de las autoridades más importantes del Estado, Armengol ha aplaudido la modificación que se hizo el año pasado del artículo 49 de la Carta Magna para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad'. «Demostramos que las normas que nos rigen se adaptan a la sociedad que somos. Eso puede seguir sucediendo: en nuestra Constitución caben nuevos derechos, nuevas libertades. La Carta Magna se escribió mirando a Europa, ahora podemos situar a Europa en nuestra Constitución. Podemos adecuarla a la diversa realidad territorial de nuestro país, hacer de ella un texto del siglo XXI», ha expresado.

Sus palabras, aparentemente, buscaban seducir a quienes año tras año boicotean el acto institucional para recordar cómo el 6 de diciembre de 1978 el pueblo español apoyó en masa, vía referéndum, la Constitución. Ningún partido independentista, de los que depende Sánchez para mantenerse en la Moncloa, ha estado este sábado en la Cámara Baja. Tampoco Vox, cuya portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado su ausencia en el patio antes de marcharse como lleva sucediendo desde su irrupción en las instituciones en 2019.

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Armengol, la presidenta que trajo al Congreso las lenguas cooficiales para obtener los votos de ERC y Junts para su nombramiento, reclama ahora nada menos que una reforma constitucional para adecuarla a la «diversidad territorial» de España. Precisamente, este mismo sábado desde San Sebastián, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha aseverado que la Carta Magna tiene una deuda pendiente con el reconocimiento de las diferentes «naciones» del Estado. El artículo 2 de la Ley de Leyes ya garantiza «el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones», pero este, 47 años después, es claramente un debate sin resolver.

Como es habitual, un representante de cada cuerpo de las Fuerzas Armadas ha portado la bandera de España desde el patio del Congreso hasta la carrera de San Jerónimo para su simbólico izado. Eran las diez y media de la mañana y el himno nacional resonaba en el centro de Madrid. Después, Armengol y el presidente del Senado, Pedro Rollán, han entrado al Palacio de la Cámara Baja para recibir a las autoridades. Entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Estaban también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, vicepresidentas, ministros, presidentes autonómicos, diputados y senadores, pero no el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien hace 365 días fue la comidilla por el caso por el que ahora ha sido condenado a una inhabilitación de dos años.

Tras una actuación musical, alumnos del madrileño colegio público Vázquez de Mella, referente en diversidad lingüística, han leído artículos de la Constitución en alemán, francés e italiano, antes de que Armengol recogiese el testigo. Su discurso ha pivotado sobre cuatro ejes: el quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, el próximo cuadragésimo cumpleaños de la adhesión de España a la Unión Europea (fue el 1 de enero de 1986), las reformas pendientes de la Carta Magna y la defensa de la democracia frente a la deriva «totalitaria» a nivel mundial. Casualmente, y a pesar de la reciente entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, no ha hecho mención alguna a la lucha contra la corrupción.

En el inicio de la intervención, como si se tratase de uno de los fastos organizados este año por el Gobierno por el fallecimiento de Franco, ha celebrado que este 2025 se cumplen «cinco décadas desde el inicio del fin de la dictadura en España» y «medio siglo desde la muerte del dictador». La presidenta del Congreso ha definido la Transición como un periodo de «equilibrios y tensiones» en el que «la idea de Europa como meta fue lo que permitió a muchas personas no parar de andar». «En cuestión de diez años, este país pasó de ser una dictadura a celebrar elecciones democráticas, aprobar una Constitución, reconocer derechos y libertades, poner en marcha la España de las autonomías, desplegar nuestro Estado del bienestar y entrar en las comunidades europeas», ha alabado.

Justo ahí, en Europa, ha situado «el espejo» en el que se fijó y se debe seguir mirando España. «La poeta Miriam Reyes, a quien este año se le ha concedido el Premio Nacional de Poesía, escribió: 'Non quero aprender a chamar as cousas polo seu nome / nesta lingua / quero chamalas polo seu significado' (en español: 'No quiero aprender a llamar a las cosas por su nombre / en este idioma / quiero llamarlas por su significado'). Llamar a las cosas por lo que significan implica decir, precisamente, que Europa es mucho más que un organismo supranacional, mucho más que un continente. Europa es todo su contenido: los valores sobre los que se construyó».

Es decir, «la igualdad, la solidaridad, la redistribución de la riqueza, los derechos sociales, el consenso». Un consenso que en la política actual brilla por su ausencia, con excepciones como el pacto de Estado contra la violencia machista —del que Vox se desmarca— y la ley para proteger a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Armengol ha instado a sus señorías a responder del mismo modo a la crisis de la vivienda en España con medidas que aseguren el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.

La tercera autoridad del Estado, por último, ha llamado a defender los valores europeos como un «imperativo democrático» frente a «la apuesta totalitaria que genera ecos» en las sociedades actuales y que «despierta fantasmas» que se creían superados. «Debemos, también, defender los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una ventaja y un atractivo (...). Es imperativo afrontar la era de la digitalización y la inteligencia artificial desde una mirada enfocada en los derechos, sobre todo en los de la infancia», ha clamado, en un discurso en el que no ha habido lugar para fiscales, exministros ni exsecretarios de Organización del PSOE.