Elma Saiz se reunirá con los científicos tras las críticas a la norma que permite cotizar a los antiguos becarios: «Es excesivo e injusto»

Ahora, el CSIF, el sindicato con mayor representación en el ámbito de la Administración General del Estado se ha sumado pidiendo una «reunión urgente» con Saiz, además de exigir que tome cartas en el asunto también el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Finalmente, desde Hacienda han transigido, y la ministra se reunirá con sindicatos y organizaciones científicas este martes, si bien Saiz sigue defendiendo que se trata de una medida «muy positiva».

El pasado 1 de mayo se publicó en el BOE la Orden ministerial que regula un convenio especial por el que los periodos de prácticas formativas o prácticas académicas externas (en el extranjero) se pueden convalidar como cotizaciones. Es decir, las becas también computan para la vida laboral. Se trata de una vieja reivindicación, sobre todo por parte de la comunidad científica, cuyos trabajadores se emplean muchas veces de este modo durante mucho tiempo.

El problema es que transformar el tiempo de prácticas en tiempo de cotización laboral para la Seguridad Social no es gratis. No solo eso, sino que recae en el antiguo becario: son ellos mismos quienes, de querer convertir la beca en años cotizados, deben abonar la cuota completa, incluida la de la empresa, tomando como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, independientemente de la fecha en la que se llevó a cabo la beca. Es decir, deben pagar incluso la parte que le habría correspondido a la compañía que les contrató (como ocurre en el caso de los trabajadores por cuenta ajena), teniendo en cuenta las actuales bases de cotización.

Las redes sociales se llenaron de ejemplos concretos del montante que suponía esta medida. Por ejemplo, una persona que cobró una beca de 600 euros mensuales, de querer regular su situación ahora tendría que pagar 290 euros al mes durante tantos meses como durara la situación a la que se refiere la regulación hasta un máximo de cinco años -que son los máximos que el Gobierno permite transformar de beca a cotización-. Esos 290 euros al mes suponen casi la mitad del salario que cobró en su día el supuesto becario (en concreto, un 48% del sueldo). Si quisiera convalidar los cinco años de beca, tendría que realizar un desembolso de 17.400 euros (que, no obstante, el Gobierno permite fraccionar en 'cómodos' plazos mensuales).

Es por ello que muchas organizaciones pusieron el grito en el cielo. «Resulta excesivo e injusto -además de que se reducirá drásticamente el número de afectados que puedan firmar el convenio especial- cobrar ahora esa cantidad a unos becarios de investigación que, muchos de ellos, solo cobraban 400 o 500 €/mes», critican en un comunicado desde el CSIF.

Es por ello, que el organismo ha solicitado a la Ministra de Inclusión y Seguridad Social una reunión urgente «para ver cómo revisar y corregir esta orden ministerial que ha sido impuesta, obviando la preceptiva negociación sindical». En concreto, los temas que el sindicato quiere tratar son la ampliación de los años cotizados (y que no se queden en solo cinco); reducir la cuantía que tendrían que aportar los antiguos becarios; que el Estado asuma parte de su cotización; la inclusión de algún colectivo que ha quedado fuera de la orden; y algo muy comentado entre los científicos: que el tiempo conseguido compute a efectos de reconocimiento de trienios, algo que, de momento, no se reconoce en la orden extraordinaria.

Por otro lado, desde el sindicato afirman que también han solicitado una negociación a la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo.

Finalmente, y ante el aluvión de críticas, la ministra de Hacienda convocaba para este martes a la comunidad científica para «escuchar sus reivindicaciones» sobre la recuperación de la cotización de prácticas. «El ministerio nunca toma decisiones de manera unilateral, nunca impone decisiones y por eso quiero anunciar que el próximo martes por la tarde se ha convocado a la comunidad científica a través de sus representantes para seguir practicando esa escucha en algo que está vivo y que indudablemente, bueno, pues somos conscientes y vamos a escuchar esas reivindicaciones», aseguraba en declaraciones a los medios tras presidir el Consejo de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital con representantes de las comunidades autónomas.

Asimismo, la ministra recalcaba, al igual que al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, que se trata de una medida «absolutamente excepcional» y «muy positiva», que «da una ventana de oportunidad a personas que hace décadas era inimaginable que la pudieran tener».

Las redes también criticaban a Suárez Corujo por estas palabras, aseverando que pocas personas se acogerán a la «extraordinaria medida« debido a lo elevado de su coste.