Duras críticas al Gobierno por la nueva medida que permite convalidar antiguas becas por años cotizados: «Es una burla»

La razón: son ellos mismos quienes, de querer convertir la beca en años cotizados, deben abonar la cuota completa, incluida la de la empresa, tomando como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, independientemente de la fecha en la que se llevó a cabo la beca. Es decir, deben pagar incluso la parte que le habría correspondido a la compañía que les contrató (como ocurre en el caso de los trabajadores por cuenta ajena), teniendo en cuenta las actuales bases de cotización.

A ejemplos prácticos, esto supone que una persona que cobró una beca de 600 euros mensuales, de querer regular su situación ahora tendría que pagar 290 euros al mes durante tantos meses como durara la situación a la que se refiere la regulación hasta un máximo de cinco años -que son los máximos que el Gobierno permite transformar de beca a cotización-. Esos 290 euros al mes suponen casi la mitad del salario que cobró en su día el supuesto becario (en concreto, un 48% del sueldo). Si quisiera convalidar los cinco años de beca, tendría que realizar un desembolso de 17.400 euros (que, no obstante, el Gobierno permite fraccionar en cómodos plazos mensuales).

«Una cantidad claramente desproporcionada si tenemos en cuenta que la cuota que se paga con un contrato laboral es del 4,7%», señalan en un comunicado desde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la agrupación que aglutina a casi un centenar de sociedades científicas nacionales y unos 40.000 investigadores. «Si bien desde COSCE consideramos imprescindible la aprobación de una medida que corrija esta situación, también creemos que la recientemente aprobada por el Gobierno en algunos aspectos no solo no lo hace sino que la empeora», indican.

Antes del comunicado de la COSCE, varios investigadores ya dieron la voz de alarma a través de las redes sociales. Moisés Canle, profesor de la Universidad de La Coruña, escribía uno de los hilos más compartidos a través de su cuenta en la red social X: «Los becarios trabajábamos para el Estado. Teníamos obligaciones, pero no derechos. Estábamos obligados a pagar impuestos y sujetos a las normas de los trabajadores, pero no teníamos nuestra propia sanidad ni los derechos y prestaciones normales. Nadie cotizaba por nosotros -señaló-. Ahora nos proponen que »nos pongamos al día« pagando nosotros lo que el Estado empleador no pagó por nosotros», incidió, indicando que la situación se había explicado al Gobierno «por activa y por pasiva».

Porque lo cierto es que desde diferentes colectivos, sobre todo en investigación, donde la estabilidad brilla por su ausencia, lleva reivindicando que se reconozca a nivel de cotización las prácticas, remuneradas o no. En 2011 se dio un primer paso al regular por primera vez la situación, pero solo para las prácticas con retribución económica a partir de la fecha de publicación de la normativa. En el caso de las que no conllevaban salario, no se han visto recogidas hasta enero de este año. Sin embargo, las anteriores quedaron en un limbo.

Ante el revuelo ocasionado por la medida, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha querido matizar algunos puntos también a través de las redes sociales, señalando que se trata de un «procedimiento extraordinario» como el de 2011 y que ahora «se abre esta vía» para aquellos becarios que no cotizaron «puedan hacerlo si lo desean», dejando claro que es un acto voluntario. Además, Suárez Corujo ha matizado que la base de cotización es la mínima y «cuenta con un coeficiente reductor del 0,77, que supone una rebaja del 23%».

Sin embargo, estas aclaraciones también han recibido críticas. Por ejemplo, Patricia González-Rodríguez, neurocientífica de la Universidad de Sevilla y con un amplio historial investigador, ha pedido que el secretario de Seguridad Social «respete mínimamente» a la comunidad científica, ya que la medida, a su juicio, «es un parche, peor que la del 2011». «Si conociera la situación del investigador en España (que tiene la costumbre de comer) sabría que poca gente se acogerá a esta (extraordinaria) oportunidad», ha rematado la científica.

Ante este aluvión de críticas, la COSCE pide al Gobierno en su comunicado «una rectificación de esta orden ministerial que corrija sus graves deficiencias».