Isabel San Sebastián

¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Policía Nacional!

El despliegue policial evitará que se consume el golpe, pero no resolverá el problema a largo plazo

Isabel San Sebastián
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Por algo son, junto a las Fuerzas Armadas, las instituciones mejor valoradas por los españoles en las encuestas. Cuando las cosas se complican, el orden constitucional es puesto en jaque precisamente por quien ha jurado defenderlo, la violencia irrumpe en la calle y las personas de bien se sienten amenazadas en su integridad física y su hacienda, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional transmiten tranquilidad, seguridad, sosiego. De ahí que hayan sido recibidos en muchos lugares de Cataluña con aplausos. También han sufrido acoso por parte de "pseudopatriotas" admiradores de Otegui y/o gentes próximas a Pablo Iglesias, que confesó su emoción al ver cómo la turba apaleaba a un policía indefenso. Esos radicales existen, han crecido como las setas al calor del adoctrinamiento unido a la impunidad y representan todo un desafío con vistas al futuro inmediato. Pero son minoría. La mayoría silenciosa de catalanes sensatos que ven pisoteados sus derechos y expectativas por la deriva enloquecida de su gobierno golpista; los que desde hace años no se atreven a ondear una bandera de España por miedo a ser agredidos o señalados como "fachas", llevaban tiempo esperando ver aparecer esos uniformes, símbolo de respeto a legalidad. Porque para esos ciudadanos cumplidores de la ley, trabajadores, madres y padres hartos de ver cómo se intoxica a sus hijos en la escuela con propaganda independentista, Guardia Civil y Policía significan libertad.

Al fin un coronel del benemérito Cuerpo, Diego Pérez de los Cobos, se hará cargo de coordinar las tres fuerzas de seguridad presentes en la comunidad. Una medida que la situación estaba pidiendo a gritos, toda vez que la persecución de delitos relacionados con el golpe sedicioso por parte de la Policía autonómica ha dejado hasta la fecha muchísimo que desear. ¿Cuántas papeletas, actas y demás material ilegal han decomisado, en cumplimiento del mandato de los tribunales? Ninguna. ¿Cuántas detenciones han practicado, en su papel de Policía judicial? Ninguna. ¿Cuánto apoyo han prestado a los guardias civiles y la agente judicial cercados durante horas el pasado miércoles en la Consejería de Hacienda? Ninguno. Los mossos cobran 600 euros mensuales de media más que sus compañeros nacionales, pero se lavan las manos ante la amenaza más grave que ha vivido Cataluña en cuatro décadas. No quieren problemas. Se encuentras atrapados entre su sentido individual del deber y unos mandos políticos designados precisamente con el propósito de facilitar la consumación del golpe, lo que se traduce, a la postre, en una inoperancia total, tremendamente gravosa. Porque el traslado masivo de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional a cumplir la misión que competería desempeñar a los mossos nos va a costar a los españoles un ojo de la cara. Y eso que viajan en condiciones que ningún cargo público aceptaría.

El despliegue policial, similar al de los Juegos Olímpicos del 92, evitará que se lleve a cabo la votación del 1-O, prohibida por el Constitucional, y también que la violencia se adueñe de las calles, aunque no resolverá a largo plazo el problema. Esa tarea corresponde a las fuerzas políticas y no llegará a puerto alguno guiada por la equidistancia, los complejos o la cobardía. Los golpistas no pueden obtener ventajas de su desafío, como propone Pedro Sánchez y parece aceptar De Guindos. Tampoco puede salirles gratis. Hay que repensar el modelo de organización territorial y plantearnos seriamente si la educación, la seguridad o los medios de comunicación autonómicos pueden seguir en manos de quien los utiliza sin pudor contra el Estado democrático, cosa que no sucede en ningún otro país de Europa.

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