Editorial ABC

El Rey, al frente de la réplica del Estado

La voz del Jefe del Estado es el aglutinante de quienes defienden la legitimidad de la soberanía popular y la unidad de nuestra nación

Don Felipe poco antes de recibir en audiencia en el Palacio de La Zarzuela
Don Felipe poco antes de recibir en audiencia en el Palacio de La Zarzuela - EFE
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Paso a paso, el Estado de Derecho cierra cualquier resquicio para la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. En el mismo día en que, por primera vez desde la convocatoria «formal» de la consulta, el Rey ofrecía el contundente mensaje de que la Constitución «prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia», la Fiscalía habló directamente de cárcel para aquellos alcaldes insumisos que ayuden a la sedición. Institucionalmente, la voz del Jefe del Estado es sin duda el aglutinante de quienes defienden la legitimidad de la soberanía popular, la unidad de nuestra nación y la firme voluntad de no romperla bajo ningún concepto. Cuando Don Felipe apela a la prevalencia de la Constitución como garante de nuestra democracia, o cuando sostiene que «los derechos, que pertenecen a todos los españoles, serán preservados frente a quienes se sitúan fuera de la legalidad», no da lugar a interpretaciones. No se puede ser más directo y drástico en su mensaje de compromiso y unidad del constitucionalismo, poniéndose al frente de la agresión planificada desde la Generalitat contra nuestro sistema parlamentario, nuestras leyes y las resoluciones de nuestros Tribunales. Por eso, cobra un relevante valor que no sean solo el Gobierno, partidos como el PSOE o Ciudadanos, o instituciones como el TC, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas, los implicados en la defensa del Estado de Derecho. Con sus palabras de ayer, reedición de muchos otros mensajes anteriores de Don Felipe en defensa de las libertades y el respeto a las normas, la Casa Real lidera en nombre de la inmensa mayoría de los españoles la réplica al independentismo. No es cuestión de ideologías ni de «política». Es una simple cuestión de protección de la legalidad ante un auténtico golpe de Estado.

Ayer, el presidente del Gobierno instó a los ciudadanos ilegalmente llamados a participar en mesas electorales a no acudir, y a no temer sanciones por ello. Muy al contrario, serán sancionados si participan de la pantomima que pretende organizar la Generalitat de forma cuasi-clandestina. Sin embargo, el salto cualitativo lo ofreció la Fiscalía, que tomará declaración en calidad de investigados -imputados por prevaricación, desobediencia y malversación- a los cientos de alcaldes cómplices con la organización y la cesión de lugares públicos para el 1-O. Si no acuden una vez citados, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos, como policía judicial, detenerlos. En cuestión de horas o días puede producirse un escenario inédito en nuestra democracia: el de decenas, o cientos, de alcaldes rebeldes detenidos a la espera de una probable suspensión del cargo y de un juicio penal que podría conducirles a prisión. Rajoy lo advirtió. El Estado no se cruzará de brazos. Ni es el mejor diagnóstico, ni lo deseable es que haya una sola detención. Pero ante la rebeldía flagrante, se impone impedir el golpe como prioridad insoslayable. Sin más.

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