Joan Ribó, de denunciante a imputado

Al hilo de la sentencia del caso Emarsa sobre el saqueo de la depuradora de Pinedo, en el que han resultado condenados antiguos dirigentes populares, Ribó ha lamentado a través de las redes sociales que el PP «quiere hacer ver que todos los políticos son iguales. Se inflan a denunciar, a ver si algo cae. Pues no: los valencianos somos gente honrada ».

La denuncia que ha llevado al alcalde de Valencia a declarar como imputado fue interpuesta por el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom por negarle el expediente administrativo relativo a la encuesta sobre la percepción social del colectivo fallero realizada en 2017. Más allá del fondo del asunto -el Ayuntamiento preguntó a los falleros sobre su ideología política, su orientación identitaria o sus creencias religiosas -, la estrategia de judicialización de la política puesta en práctica por los populares se asemeja a que llevó a cabo Compromís cuando estaba en la oposición.

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El llamado caso «Ritaleaks» estalló en vísperas de la campaña de las elecciones municipales tras la denuncia de Compromís ante la Fiscalía por los gastos de protocolo de la Alcaldía en la etapa de Rita Barberá . El caso quedó archivado por la Fiscalía del Tribunal Supremo al no hallar indicios de delito meses después de que Ribó se hiciera con la vara de mando, cuando la dirigente del PP era senadora.

Ahora, la declaración de Ribó constituye la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito.

El alcalde de Valencia había sostenido que si resultaba imputado, como es el caso, dejaría el cargo. Ribó rechaza ahora dimitir al entender que el caso que le lleva a comparecer este lunes ante un juez responde a «una cuestión administrativa ya resuelta».

Los dos presuntos delitos que investiga el magistrado están tipificados en los artículo s 404 y 542 del Código Penal . En el caso de que la causa siguiera adelante y resultara condenado Ribó se podría enfrentar a una condena de inhabilitación, toda vez que la prevaricación administrativa no contempla penas de prisión.