El Ministerio del Interior nombra a dos independentistas para dirigir «temporalmente» la academia de los Mossos d'Esquadra

Marcos fue destituida a primeros de este mes, después de conocerse que la directora encargada de coordinar las escuelas de seguridad de la Generalitat (Mossos d'Esquadra y Bomberos, principalmente) colaboró en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre transportando urnas en su vehículo.

Esta destitución por parte del Ministerio del Interior fue posible gracias a la aplicación de la medidas correspondientes al artículo 155 de la Constitución, que el Senado autorizó al Gobierno de España en octubre de 2017.

Gendrau, actual director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, se encargará de «las funciones correspondientes a la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en el ámbito de la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Cataluña, de la Subdirección General de Administración y Apoyo Académico y del Servicio de Selección, Evaluación y Seguimiento», así como de las decisiones que sean de «carácter transversal».

Por su parte, Jardí, actual director general de Administración de Seguridad, será el responsable de «las funciones correspondientes a la dirección del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en el ámbito de la Escuela de Policía de Cataluña y de la Subdirección General de Formación Universitaria, Investigación y Gestión del Conocimiento».

Estas suplencias «temporales», tal y como figuran en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de este miércoles, están firmadas por el ministro del Interior el pasado 10 de abril, solo seis días después de hacerse pública la destitución de Marcos por colaborar en un acto que el Tribunal Constitucional había suspendido y los distintos Cuerpos policiales actuaban bajo mandato judicial.

Se da la circunstancia, sin embargo, que los sustitutos de Marcos tienen un currículum político claramente marcado por el activismo secesionista. Además, Gendrau y Jardí conocen a la perfección la importancia del activismo a nivel local y ambos han sido dirigentes de CiU en sus municipios, y ahora del PDECat.

Gendrau fue alcalde de Berga (Barcelona) entre 2007 y 2015. Durante su mandato, el Ayuntamiento se declaró «moralmente excluido del ámbito de la Constitución» (2010) y declaró al Rey Juan Carlos I persona no grata (2012), aunque en su opinión hubiera extendido esta decisión «a toda la familia real» y no solo al Rey.

Fue ya durante los mandatos de Gendrau que la bandera «estelada» empezó a figurar en el edificio consistorial con regularidad. El testigo de este lo cogió Montserrat Venturós (CUP), quien tuvo que ser detenida por los Mossos d'Esquadra para declarar ante el juez que investigaba, precisamente, la irregularidad de que la bandera indepedentista figure en el edificio del Ayuntamiento.

Por otro lado, Jardí es alcalde de Tivissa (Tarragona) desde 2003, cargo que compagina con el de responsable de la Administración de Seguridad, y su municipio está adherido a la Associació de Municipis per la Independència (AMI), una de las entidades investigadas judicialmente por llevar a cabo el referéndum independentista del 1-O. Entre 2011 y 2015, Jardí también fue presidente del Consejo Comarcal de la Ribera del Ebro (Tarragona), institución que igualmente forma parte de la AMI.