Presupuestos Generales del Estado PSOE y Podemos piden al menos 800 millones más para Castilla y León

Ciudadanos no presentará enmiendas tras el acuerdo alcanzado por el PP, que tampoco reclama

La Autovía del Duero, «enmendada» por la oposición
La Autovía del Duero, «enmendada» por la oposición - F. HERAS

El PSOE y Podemos, sabiendo de antemano quizás que sus propuestas van a caer en saco roto, no ahorran ni un ápice en sus reclamaciones de los Presupuestos Generales del Estado para Castilla y León. Entre ambas formaciones contabilizan peticiones en favor de la Comunidad por un valor no inferior a los 800 millones de euros -aunque quizás varias partidas se repitan-, mientras que Ciudadanos, clave en que las Cuentas del Estado puedan salir adelante, considera que «había poco más que rascar». Algo similar deben creen en el Grupo Popular que, en principio, no habría propuesto ninguna modificación sustancial para Castilla y León, aunque tampoco descarta hacerlo directamente en las enmiendas al Senado, para las que aún restan varias semanas de plazo.

Poco más de un mes depués de que las huestes de Luis Tudanca y de Pablo Fernández criticaran duramente el descenso de inversiones previstas para la Comunidad por el Estado, a ambos les tocaba demostrar con sus enmiendas que querían mas gasto para Castilla y León. En el lado socialista -que hasta hoy no podrá explicar el desglose de todas las peticiones registradas-, la diputada burgalesa Esther Peña cifraba el global solicitado directamente a los diferentes ministerior en 380 millones de euros.

Entre ellas -y sin datos concretos sobre las vinculadas a carreteras y trenes-, habría un plan para el entorno de Garoña -con la central ya cerrada- por un montante de 25 millones, además de 12,5 millones para los regadíos de La Armuña (Salamanca), así como un plan de empleo para Ávila (cuatro millones), dos millones para el Museo de la Energía de Ponferrada y 2,5 millones más para un proyecto de captura de C02. Peña explicó que también se piden «inversiones» en todas las líneas de alta velocidad, además de un plan especial de lucha contra la despoblación. A mayores, los diputados socialistas consideran necesario un plan de reactivación económica para la Comunidad valorado en 50 millones de euros, así como otro dirigida al desarrollo rural con una cuantía de 30 millones. Según la diputada burgalesa, estas enmiendas llegan «tras conocer los peores Presupuestos Generales del Estado de la década para la Comunidad», un «ataque directo a los castellano y leoneses» poniendo como ejemplo la disminución del dinero destinado a las cuencas mineras. Ante este «castigo», Peña resalta la «prioridad» socialista de «favorecer la reactivación económica y el empleo en nuestra Comunidad».

Madrid-Aranda-Burgos

Mientras, entre las más de 70 enmiendas referentes a Castilla y León que Unidos Podemos ha presentado, la formación destaca los 75 millones destinados a la reapertura de distintos tramos de la línea de tren Madrid-Aranda de Duero-Burgos; 45 millones para la línea ferroviaria Palencia-Valladolid-Medina del Campo; 45 más para el tramo de la línea Zamora-Salamanca-Plasencia; 80 millones para la reactivación de distintos tramos de la Autovía del Duero (A-11); o los 105 millones para la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón (60 para industrialización y 45 para ayudas a pequeños proyectos empresariales).

Desde Ciudadanos, el diputado por Valladolid Francisco Igea recordó que su formación había llegado a un acuerdo con el Grupo Popular «y tenemos el compromiso de aprobar los Presupuestos». Además, considera que la inversión del Estado en la Comunidad es superior respecto «a lo ejecutado en 2016 y estamos razonablemente contentos», por lo que «no había lugar a mucho más, aunque sí se han valorado varias enmiendas». Además, Igea recordó que su partido político «no está para pedir más autovías ni aeropuertos como hacen otros», sino que «trabajamos para que no aumenten los impuestos y haya más gasto social».

Por último, desde las filas populares, el senador salmantino Gonzalo Robles, admitió que desconoce aún «el margen que vamos a tener», aunque confió en que «podemos meter alguna enmienda» dentro de dos o tres semanas en la Cámara Alta.

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