El nuevo consejero de Cultura de Puigdemont, al borde del desacato por el «caso Sijena»

Puig ha heredado un espinoso asunto judicial: la reiteradamente incumplida sentencia del «caso Sijena» , que ordena a la Generalitat a devolver a Aragón 97 obras de arte del histórico Monasterio de Sijena (Huesca) . En abril de 2015, un juzgado de Huesca sentenció que esas obras fueron ilegalmente compradas por la Generalitat entre 1983 y 1994, y que debían devolverse a su lugar de origen, ese monasterio oscense declarado Monumento Nacional.

Tras esa sentencia, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y el Gobierno aragonés consiguieron que se aceptara la ejecución provisional de la sentencia. Es decir, que aunque aquel fallo está recurrido por el Gobierno catalán, entre tanto las obras de arte vuelvan al histórico monasterio oscense. Así lo determinó la Justicia, pero hicieron falta reiterados requerimientos hasta conseguir que la Generalitat se aviniera a cumplir con las ordenes judiciales, y no en su totalidad.

Así, hace ahora un año expiró el ultimátum dado por los juzgados para que la Generalitat devolviera esas 97 obras de arte. Acabó devolviendo solo una parte de ellas, 55, y encima fuera de plazo.

En reiteradas ocasiones, el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena han pedido -sin éxito- que el juzgado mandara a la Policía para incautar las obras de arte que siguen retenidas en suelo catalán. Sin embargo, esas peticiones no han sido admitidas hasta la fecha por la juez que lleva el caso. Ésta, sin embargo, sí que ha mandado un nuevo ultimátum a la Generalitat. Lo hizo hace un mes, cuando dictó una orden que obliga a las autoridades catalanas a entregar las 44 obras de arte de Sijena que aún no ha devuelto -las otras dos que faltan dice la Generalitat que no sabe dónde están-. El nuevo ultimátum expira el próximo lunes, 31 de julio.

La juez de Huesca que ha dictado la orden, María del Carmen Aznar, advirtió al ex consejero de Cultura, Santi Vila, que si incumplía la orden y no regresaban esas 44 piezas el 31 de julio, se enfrentaría a responsabilidades penales. Desde el 4 de julio, esa advertencia penal pesa sobre el actual consejero de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, quien -al menos hasta la fecha- no parece dispuesto a cumplir el requerimiento de la juez oscense.

La Generalitat lleva semanas insistiendo en que considera que no se puede cumplir esa orden de devolución a Aragón . El problema es que la juez que lleva el caso les ha reiterado en la advertencia. Ha desestimado las últimas alegaciones que presentó la Generalitat y se reitera en el ultimátum: o el 31 de julio vuelven a Aragóne sas 44 obras de arte que permanecen en el Museo de Lérida, o se emprenderán acciones penales contra las autoridades catalanas que intervengan en el desacato, con el consejero de Cultura a la cabeza .