Pedro Horrach: «A la Infanta se le ha sentado en el banquillo por ser quien es»

-¿Qué primera valoración global hace de la sentencia?

-La sensación es agridulce; por supuesto estoy satisfecho en lo que se refiere a las condenas de Torres y Urdangarín , aunque no con las penas. También con la absolución de Doña Cristina . En cambio, la de los acusados de Valencia no la esperaba . Probablemente, una vez analizada a fondo la sentencia esa decisión de las magistradas podrá ser objeto de recurso ante el Supremo. En cuanto al conjunto debo decir que el tribunal ha hecho un análisis muy exhaustivo de toda la prueba practicada. Ahora me corresponde analizar los fundamentos jurídicos para poder emitir un juicio más preciso. Pero llevará su tiempo.

-Aunque ha tardado casi ocho meses, lo cierto es que la decisión de las magistradas se ha tomado por unanimidad. ¿Qué reflexión le merece?

-La unanimidad es positiva y refuerza la argumentación de la Sala. Más allá de eso prefiero no hacer valoraciones.

-El primer gran titular de la sentencia es la absolución de la Infanta, algo que usted siempre ha defendido. ¿Qué valoración hace?

-Creo que se han perdido nada menos que cuatro años en esta instrucción. Ha sido una pérdida lamentable de tiempo y esfuerzo, con el innecesario desgaste personal que eso ha supuesto. Desde el minuto uno expuse de forma muy clara los mismos argumentos que ahora recoge la sentencia, que en su momento no fueron atendidos por una simple cuestión de presión mediática. A la Infanta se la ha sentado en el banquillo no por lo que ha hecho, sino por ser quien es.

-En uno de sus escritos durante la instrucción advertía de que una investigación no se puede plantear cuando el resultado está predeterminado.

-Lo dije y lo mantengo. Las investigaciones inquisitoriales no tienen cabida en nuestro sistema judicial. No se puede plantear una acusación por el mero hecho de que al juez de turno le convenzan o no las explicaciones del investigado, independientemente del material probatorio del que se disponga. Ello supone partir de la presunción de culpabilidad y subvertir el principio de presunción de inocencia. El juez instructor tiene la obligación de ser, en primer lugar, un juez de garantías.

-El primer día de juicio, en las cuestiones previas, usted planteó, además, la falta de legitimación de la acusación popular para sentar a la Infanta en el banquillo. El tribunal no le dio la razón entonces. ¿Va a recurrir por ello ante el Supremo?

-Esa es mi intención. Como he repetido en diversas ocasiones, los juzgados o tribunales no pueden ser reinos de taifas. No debe confundirse la independencia judicial con decisiones contrarias a la doctrina del Tribunal Supremo. La función principal de éste es unificar la aplicación de la ley penal y dotar al sistema de seguridad jurídica. Creo que puede ser una buena oportunidad para que el ciudadano de Palma sea tratado exactamente igual que el de cualquier otra Comunidad. Espero que en este punto también se revoque la decisión del tribunal.

-¿Por qué hay tanta diferencia entre las peticiones de condena que usted hizo y las penas que ha impuesto la Sala?

-La diferencia obedece fundamentalmente a que el tribunal no da por probados la totalidad de los hechos que eran objeto de acusación. Me refiero a todo lo referente a la trama valenciana , cuyos acusados han sido absueltos. Por tanto, es lógico que la pena se ajuste a los hechos que finalmente se declaran probados. Otra cosa es que yo comparta ese criterio.

-La Sala sí acoge, en cambio, toda su argumentación en lo que se refiere al origen y modo de actuar de los dos socios del Instituto Nóos. ¿Para usted esa era la base de toda la acusación, la auténtica clave del caso?

-El núcleo central sobre el que pivotaban los hechos era el Instituto Nóos y la actuación de sus dos dirigentes, que aparecen en todas las actividades que se han investigado. Por tanto era fundamental que la Sala acogiese nuestro criterio de que los dos idearon esa entidad para, a través de ella, lucrarse ilícitamente de fondos públicos . Y el tribunal también da por probado que el eje central de la trama lo constituyen esas dos personas.

-A muchos ha sorprendido que Diego Torres haya sido condenado a más de ocho años, mientras que a Urdangarín solo se le han impuesto seis. En sus conclusiones la situación era al contrario. ¿Por qué ha sucedido esto?

-Hay una circunstancia muy clara. A Diego Torres se le condena por el delito de blanqueo de capitales y a Urdangarín no . La explicación es que el tribunal ha considerado que este último no participó en la creación de estructuras societarias en el extranjero para lavar dinero, al contrario que su ex socio. No ha valorado como suficientes los indicios que aportamos en este punto sobre el marido de Doña Cristina.

-En el caso de la trama balear, ¿hasta qué punto ha sido decisivo para la condena de los acusados el testimonio en la vista de Jaume Matas?

-Desde mi punto de vista la declaración autoincriminatoria de cualquier acusado es relevante y en este caso se ha demostrado fundamental para poder acreditar los hechos objeto de acusación, máxime si tenemos en cuenta que respecto de la trama valenciana no se produjo ninguna confesión o colaboración. En los casos de corrupción, los delatores son muy importantes y por eso defiendo no solo que se les deba dar un trato especial, sino que debe promoverse un cambio legislativo en esta materia a efectos de reforzar esta figura.

-A muchos les sorprendió la rapidez con la que pidió la comparecencia de medidas cautelares solo sobre Urdangarín y Torres. ¿Por qué fue esa reacción?

-No hubo precipitación, porque como su propio nombre indica se trata de medidas de prevención, y por tanto su solicitud y adopción forzosamente tienen que ser inmediatas.

-El mensaje lanzado el viernes es que tiene prácticamente decidido que solicitará prisión preventiva. ¿Por qué lo haría y qué podría hacerle cambiar de criterio?

-El criterio general en la Fiscalía Anticorrupción es la petición de prisión preventiva para penas superiores a cinco años. Este criterio general se tiene que aquilatar a las circunstancias concretas del caso. Se celebra una vistilla precisamente para escuchar y valorar las razones de unos y otros.

-Pero ¿cuál va a ser su postura final? ¿La tiene que consultar con alguien o va a ser autónoma?

- Estoy planteándome seriamente pedir la prisión preventiva dada la gravedad de algunas de las penas. La decisión será autónoma. Años atrás pedimos prisión provisional para María Antonia Munar cuando fue condenada a seis años

.-Lo que está claro es que pedirá lo mismo para Iñaki Urdangarín que para Diego Torres...

-Sí, sin ninguna duda. Eran los máximos responsables del Instituto Nóos y actuaban conjuntamente.

-Usted siempre ha defendido el levantamiento del velo societario de todas las sociedades de la galaxia Nóos, porque en su opinión todas en realidad eran una sola. ¿Ha acogido la Sala su posición?

-El tribunal, si bien considera que las sociedades del grupo tenían vida y actividad propia, aplica a mi entender la técnica del levantamiento del velo para determinar quién es el verdadero perceptor de las rentas de las sociedades. Y llega a la conclusión de que Torres y Urdangarín ostentaban el dominio absoluto y efectivo de las mercantiles , y que los verdaderos beneficiarios eran ellos aunque facturasen a través de las diferentes firmas que controlaban. Es decir; levanta el velo, tal como sostenían los peritos de la Agencia Tributaria.

-Precisamente, el trabajo de los inspectores de la Agencia Tributaria fue puesto en cuestión incluso por el propio juez durante la instrucción del caso. ¿Cree que la sentencia les hace justicia?

-Después de tres años de lo que considero críticas injustificadas y denigrantes contra los inspectores en funciones de auxilio judicial, con un daño de difícil reparación, el tribunal ha asumido que sus tesis eran las correctas. La investigación hubiera sido imposible de llegar a buen puerto sin su trabajo y dedicación.

-¿Hacienda somos todos es un eslogan? Lo digo por las fortísimas críticas recibidas por la abogada del Estado María Dolores Ripoll solo por decir una obviedad: que los intereses de los contribuyentes los defiende por ley la Abogacía del Estado.

-Al igual que sucedió con los funcionarios de la Agencia Tributaria, la interpretación de las palabras de la señora Ripoll fue perversa e interesada, no solo por parte de algunos medios sino por el propio juez instructor. También quiero destacar el trabajo de los miembros del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Baleares.