La obligación de gobernar sin una hoja de ruta amenaza la economía

« Es una posibilidad, pero no es lo deseable », reconoció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ser preguntado esta semana por las prórrogas presupuestarias. Insistió, sin embargo, en buscar acuerdos parlamentarios antes de abril que le permitan aprobar un nuevo proyecto para este año. Montoro arremetió contra Cs y el PNV por su la falta de coherencia. Recordó que hace seis meses respaldaron el techo de gasto y los objetivos de déficit, y ahora dan largas con la letra pequeña de las cuentas.

¿Qué supondría dos prórrogas del Presupuesto? No hay ninguna ley que impida hacerlo, pero sería algo inédito en democracia, un escenario nada deseable, teniendo en cuenta que las cuentas públicas marcan la hoja de ruta de la política económica de cada ejercicio, las decisiones de gasto del Estado, de empresas y ciudadanos; no tenerlas podría lastrar la confianza en España , además de paralizar las reformas. Dejaría al Ejecutivo sin rumbo, ya que las cuentas son la concreción del proyecto de todo gobierno.

«La falta de Presupuestos da sensación de inestabilidad, lo que aumenta la incertidumbre económica, retrae la inversión y aumenta el paro», avisa José Ramón Pin, profesor del IESE. «Los partidos tienen que esforzarse sin poner sus intereses electorales por delante de la lógica parlamentaria. Es su responsabilidad», insiste. A la incertidumbre y las dudas que supondría seguir con las cuentas congeladas se añadiría la necesidad de sacar adelante compromisos de gasto a golpe de decreto. Si a finales de marzo o principios de abril no hay perspectiva de aprobar el Presupuesto de 2018, el Gobierno comenzará a llevar decretos leyes al Parlamento para poder sacar adelante compromisos como la subida salarial de los funcionarios, los más de 4.000 millones de entregas a cuenta para las comunidades o la oferta de empleo público.

También necesitarían de un decreto ley la equiparación del sueldo entre las policías autonómicas y el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los 1.000 millones que serán necesarios para la entrada en vigor en enero de algunas medidas de la Ley de autónomos, como es el caso de la ampliación de la tarifa plana de seis meses a un año desde enero. «Autónomos, funcionarios, rentas bajas y una gran parte de nuestra sociedad se vería afectada por la prórroga presupuestaria, pero también la confianza en nuestro país y su economía», asegura Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Pero recurrir a decretos seguiría requiriendo de aliados en el Congreso para sacar adelante las votaciones. Desde el Ejecutivo se insiste en que los grupos tendrían complicado rechazar cada una de la materias que requerirían de esta forma legal. «¿Qué grupo no apoyaría la nueva oferta pública de empleo o las subidas salariales a los funcionarios?», se preguntan las fuentes consultadas por ABC. El único requisito que fijó Montoro para llevar al Congreso todas estas medidas por separado sería la aprobación del techo de gasto y las metas de déficit de 2019, con plazo límite hasta julio.

Insisten las mismas fuentes en que llevar al Congreso una parte del Presupuesto de 2018 fraccionado en reales decretos haría que los grupos se retrataran: «Evidenciaría la contradicción de las fuerzas políticas. Se niegan a dar apoyo a las cuentas públicas en su conjunto, pero apoyan algunas de las medidas o programas de manera fraccionada». Varias medidas comprometidas saldrían adelante si no hay nuevo presupuesto, otras no. Es el caso de la rebaja del IRPF pactada con Ciudadanos para 2018.

Una reducción para los salarios brutos de entre 12.000 y 18.000 euros anuales y otras bonificaciones y deducciones de cuota para determinados colectivos. La inversión pública estatal quedaría también paralizada, con lo que esto supondría para el empleo, y aparcada la reforma del modelo de financiación regional. La esperada rebaja del IVA a las entradas de cine del 21% al 10% se paralizaría.

El Gobierno ya prorrogó las cuentas de 2017 ante la falta de apoyos parlamentarios para tener una nueva ley presupuestaria para el inicio de este año. Desde el Ejecutivo se insiste en la falta de coherencia de Cs y del grupo vasco porque «hace seis meses acordaron el techo de gasto y los objetivos de déficit y ahora dan largas con la letra pequeña de las cuentas». Bernardo Aguilera, responsable de asuntos económicos de la CEOE recuerda que la ley de Presupuestos es «capital» por que marca la linea de la política económica. Sin embargo, insiste en que más vale contar con un buen presupuesto prorrogado que tener que pagar «peajes» políticos. Recuerda que España tiene que salir cuanto antes de programa de déficit excesivo y que gastar más no ayudaría. El propio Montoro recalcó la comodidad del Gobierno con las cuentas de 2017: «Unos buenos Presupuestos, no estamos ante cualquier presupuesto».

La falta de cuentas beneficia la bajada del déficit . Lo hizo en 2017. Al contener el gasto y no aprobar guiños políticos como la rebaja del IRPF que pidió Ciudadanos, el Estado ingresa más y contiene el gasto al prorrogar el de 2017, incluso con límites en preautorizaciones ministeriales.