Un juez pide «Justicia restaurativa» para víctimas de la «violencia política»

Además, ha rechazado «la Justicia penal transicional» fundada en «presupuestos de amnesia» por la que aboga por la izquierda abertzale. Durante el acto de apertura del año judicial, que se celebra en el Palacio de Justicia de Bilbao, Ibarra ha afirmado que el País Vasco se encuentra todavía «inmerso en la experiencia aún inacabada de la reflexión de autocomprensión colectiva sincera y éticamente honesta que requiere la conciencia de ser una sociedad marcada por la historia de la violencia terrorista de ETA y que nos mantienen en una deuda de justicia cívica con las víctimas de la pasada violencia política».

«En el País Vasco esta necesidad de enfrentarnos a conciencia con el pasado de la violencia nos plantea el reto de volver presente ese pasado. Pero atender a este reto no ha impedido el paso a la propuesta de que los victimarios puedan cursar la ejecución de sus condenas privativas de libertad desde los parámetros de la justicia restaurativa y lo que en ella se contiene de propuesta innovadora sobre la 'idea de la justicia'», ha añadido. En este sentido, ha destacado que la Justicia restaurativa «forma parte del empeño en desarrollar otras perspectivas sobre una justicia penal excesivamente anclada en la dimensión punitiva de la respuesta al delito».

Sin amnesia

El máximo representante del TSJPV ha afirmado que, «a diferencia de las impracticables propuestas de una suerte de 'Justicia penal transicional' fundada en presupuestos de amnesia respecto a nuestro pasado como sociedad política, la 'justicia social restaurativa', propone priorizar la reparación del daño injusto causado por el delito a las personas damnificadas y reconstruir el tejido social deteriorado por el crimen desde el valor del respeto a las expectativas normativas truncadas por la acción delictiva».

En el acto han estado presentes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el Fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, el consejero y la viceconsejera de Justicia, Josu Erkoreka y Ana Agirre, respectivamente, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, el alcalde de Bilbao en funciones, Ibón Areso, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria y Manuel Almenar, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, entre otros.