El negocio de las quiebras

El 90% de las compañías que se declaran en concurso terminan en liquidación, según desvela el baremo concursal que elabora trimestralmente la consultora PricewaterhouseCooper (PwC). Quizá por ello, el censo consursal de Alemania en 2012 multiplica casi por cuatro al español. En el caso de Francia, este múltiplo se eleva hasta seis (ver gráfico superior). ¿Son acaso más resistentes las empresas españolas que las alemanas? ¿O han vivido un entorno más amable estos últimos años? No parece este el motivo... Según los expertos de Informa, empresa líder en el suministro de información empresarial, «la explicación a estas diferencias se encuentra, por supuesto, en las legislaciones, y su aplicación, pero también en los costes asociados. En Alemania o Francia, los procesos concursales son muy comunes, alcanzando el 3% de la población de las empresas activas. En los países del sur, España, Italia y Portugal, esta tasa es muy inferior al 1%».

Lo cierto es que la picaresca parecía haberse hecho un hueco en el lucrativo negocio de las quiebras y el «modus operandi» de algunos administradores consursales había generado recelos tanto en el mundo empresarial como en el jurídico. Sus jugosas retribuciones son uno de los aspectos que más polémica ha levantado desde que comenzó la caída de grandes empresas. A grandes rasgos, la ley concursal calcula el sueldo de los administradores en base al pasivo y el número de acreedores: a mayor deuda y a mayor complejidad del concurso, mayor retribución. Unos baremos que, en una coyuntura extrema como la vivida estos últimos años —y que ha provocado la caída de inmobiliarias como Martinsa Fadesa, con unos 7.000 millones de euros de pasivo— ha hecho de los años de vacas flacas una auténtica época dorada para los administradores concursales.

Pero el debate va más allá de la moralidad de los emolumentos. Desde la consultora PwC alertan de la descapitalización que sufren las empresas en concurso debido a los eternos plazos a los que se ven sometidos, especialmente en aquellos casos de liquidación. «Hay una pérdida de valor a causa de la excesiva burocracia y duración de los procesos concursales: el coste temporal y económico no es asumible y provoca en muchas ocasiones que empresas que entran en concurso y que pueden tener cierta viabilidad o cierto valor en una venta rápida, lo pierden por la duración de los trámites», asegura un informe de la firma.

En el mundo jurídico se denuncia que hay ocasiones en que los retrasos pueden no ser desintencionados. «Hay liquidaciones que se alargan durante años y en los que no es nada fácil pujar por los bienes de la empresa», asegura un consultor que pide mantener el anonimato. «Y un buen día, aquel edificio por el que te interesaste resulta que ha sido vendido por la mitad de lo que en su momento te dijeron que costaba. Pero esa rebaja no es normalmente lo suficientemente publicitada, por lo que solo aquellos ofertantes que disfrutan de un buen contacto con el administrador pueden estar al tanto de ella», explica.

Una falta de transparencia en la que se pueden esconder intereses contrarios al objetivo último de los concursos. Precisamente, y para intentar acabar con este caldo de cultivo para el tráfico de influencias, el Colegio de Registradores de la Propiedad presentó esta semana una nueva web del registro público concursal (www.publicidadconcursal.es) con la que pretende mejorar la publicidad de estos procesos y garantizar que la información sea accesible a todos los posibles interesados.

Un buen ejemplo de cuán diferente puede ser un procedimiento concursal en España y en uno de nuestros vecinos del núcleo europeo es Fagor. La compañía de electrodomésticos solicitó el concurso de acreedores a finales de 2013 tanto para la planta española como para su filial gala, Fagor Brant. En enero de este año, el juzgado francés ya estaba dispuesto a adjudicar Brant a la argelina Cevital, interesada en hacerse con la compañía. Una venta que, sin embargo, ha tenido que ser aplazada hasta en tres ocasiones debido a la diferencia de «tempo» con la justicia española.

El propio Gobierno tampoco ha sido ajeno a esta realidad y ha impulsado hace poco más de una semana una nueva reforma de la ley concursal para intentar frenar este lento deshilachado del tejido empresarial español. Se trata de evitar que empresas muy endeudadas, pero viables en cuanto a resultados, entren en concurso y, en último término, lleguen a ser liquidadas. La nueva norma incluye medidas para incentivar la renegociación de las deudas entre las compañías y los acreedores, así como las quitas y la conversión de la deuda en capital, eliminando, según el Ministerio de Economía, las trabas actuales que impedían los acuerdos de refinanciación o reestructuración del pasivo.

La norma era esperada en el sector y ha sido recibida de buen grado. Para el decano y presidente del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, «esta medida da un paso más para garantizar la viabilidad de las empresas que puede favorecer la conservación de las empresas y ayudar a que aquellas empresas que sean solventes económicamente pero tengan problemas por razones financieras salgan de la situación en la que se puedan encontrar».

No obstante, varios expertos apuntan a que los prejuicios generados en torno a lo que supone declararse en suspensión de pagos, según la antigua denominación, tienen también una fuerte influencia. «Los concursos de acreedores se piden muy tarde en España, cuando ya no hay practicamente posibilidades de gestionar nada. La mayoría de las compañías mueren por falta de caja, y esto es una bola de nieve que se hace incontrolable muy rápidamente. El tiempo corre en contra en estos casos», afirma un abogado y administrador.

Así, la que debía haber sido la vía de escape para las empresas con problemas ha terminado convirtiéndose en un largo camino de piedras, muy a menudo sin retorno. La nueva reforma tiene ahora el desafío de allanar el terreno.