El Gobierno recompensará con menos provisiones a la banca que salve empresas

En concreto, la nueva ley permitirá que con el acuerdo del 60% del pasivo –no del número de acreedores, sino de la cuantía total de la deuda financiera– se puedan aprobar esperas de hasta cinco años. Si se tiene el acuerdo del 75%, las esperas pueden alargarse hasta los 10 años. Esta medida posibilitará alargar tanto el periodo de cadencia como la devolución de intereses y del principal, según ha podido saber ABC en fuentes próximas al Ejecutivo.

Asimismo, con el acuerdo del 75% de la masa acreedora se podrán pactar quitas o capitalización del crédito. Es decir, los acreedores podrán renunciar a una parte de esa deuda y/o convertirse en accionistas de la compañía.

Estas quitas, esperas o capitalización de la deuda se podrían tomar de forma independiente o conjunta. Es decir, en una misma empresa los acreedores pueden optar por convertir parte de la deuda en capital, aplicar alguna quita, y a la vez retrasar la devolución del préstamo. Opor el contrario, podrían optar por una sola de estas opciones o por dos, y excluir una tercera.

También se reduce el quórum necesario para obligar a respetar los acuerdos aprobados por las empresas endeudadas en los dos últimos años. Si la recientemente aprobada ley de emprendedores había rebajado ya al 55% este porcentaje, con la nueva norma quedará en el 51%. Se trata de evitar que se haga tabla rasa sobre lo que se hubiera acordado recientemente con los acreedores.

Esta norma no solo afectaría a las entidades financieras que hayan dado préstamos a las empresas, sino también a los bonistas, es decir a los tenedores de sus títulos de deuda. Y cuando en el decreto se habla del quórum de la masa acreedora no solo se refiere al acuerdo de los bancos, sino también al de los particulares.

Este hecho tiene especial relevancia en empresas como Fagor o Codere donde son muchos los particulares que adquirieron deuda de las compañías.

Por último, para incentivar que las entidades financieras acepten estos acuerdos, se permitirá que éstas liberen provisiones. Aunque será necesario cumplir una serie de requisitos y plazos, que fijará el Banco de España, la deuda viva, una vez aplicadas las quitas, pasará de ser contabilizada como subestándar a normal, por lo que no será necesario tenerla provisionada. De este modo, las cuantías destinadas hasta entonces a estas provisiones pueden pasar a engrosar los resultados del banco. Se trataría de que la entidad financiera pierda menos con el acuerdo que sin él. Aunque aquí también el argumento del Ejecutivo es que estas empresas que son viables si se aligera la carga de la deuda, podrían tener que liquidarse si no se llega a ningún acuerdo con los acreedores, situación en la que acabarían perdiendo mucho más todos:las compañías, los acreedores, los empleados y la economía española.

Estas medidas, de las que ya podrían beneficiarse empresas en apuros, en concurso o preconcurso de acreedores, como son los casos de Fagor y Codere, beneficiaría también a otras muchas compañías que están lastradas por uan elevada deuda pero que han logrado refinanciarse durante los últimos años, como podría ser Prisa, Unedisa, Eroski y un largo etcétera.

Finalmente, el Ejecutivo ha desechado la posibilidad de crear una sociedad o banco malo al que aportar todo estos préstamos, y que se hubiera convertido en accionista de las empresas en pasan por apuros.