Colombia aprueba la ley que permite vender el patrimonio cultural sumergido

"Este proyecto de ley es constitucional", defendió el Ministro del Interior Fernando Carrillo , con el argumento de que esta iniciativa incorpora la historia de la jurisprudencia colombiana y recoge los fallos de las altas Cortes, generando un articulado constitucional, coherente y aplicable.

Para el coordinador ponente de la ley, Carlos Ferro, era importante “ proteger de la mejor manera posible los bienes patrimoniales sumergidos en más de 900 mil kilómetros cuadrados” . Esos bienes incluyen los restos orgánicos e inorgánicos, asentamientos, cementerios y toda evidencia física de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas.

Para los científicos el desconocimiento de los legisladores fue total pues no sólo se desconoció por completo la  Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido  la cual establece que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro - es patrimonio, no puede ser comercializado, sino que está demostrado que cuando las empresas cazatesoros toman lo que tiene un valor de mercado como los lingotes y “chupan” con una aspiradora todo el contexto del naufragio, la historia se acaba . Al sacar los restos arqueológicos de su contexto, el oxígeno los vuelve polvo. Y lo que es peor. Conservar lo poco que sale es costosísimo y el Estado no tiene el dinero para ello. “Fue la tercera vez que se presentó este proyecto. Los anteriores eran al menos proteccionistas . Pero éste que se aprobó entregó todo. Antes se reconocía el valor sobre los objetos, no se pagaba con ellos. Ahora se paga con los mismos objetos. Es decir con cargas industriales como monedas, los lingotes y piedras preciosas provenientes de los cargamentos de los naufragios”, explicó a ABC Carlos del Cairo, antropólogo y arqueólogo, director de la Fundación Terra Firme , entidad que desde el 2006 lleva la batuta en investigación académica sobre la riqueza cultural e histórica sumergida en Colombia

“Se habla de más de mil naufragios en Colombia pero eso no se ha comprobado. Esta ley se hizo para sacar a flote unos cuantos galeones –el San José y la flota de Luis Fernández de Córdoba -. Los demás están en aguas poco profundas. Somos dos bandos. Unos que buscan el beneficio económico y otros que queremos reconstruir buena parte de la historia del país que está bajo el mar. Esta ley está reglamentando a unos piratas”, precisó del Cairo.

En efecto. Uno de los artículos que generó polémica fue el referente a la retribución para quienes realicen las exploraciones. El senador Juan Lozano planteó que se le otorgará máximo hasta el 25% de esos bienes. Sin embargo la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, pidió que se dejara hasta el 50% de los bienes no patrimoniales encontrados. Y así quedó en la ley .

Según el senador Ferro, “habrá casos en donde los exploradores reciban porcentajes menores, de acuerdo a elementos como: la dificultad técnica, las condiciones océano-atmosféricas del área, las condiciones hidrostáticas, las técnicas que se utilizarán, los equipos tecnológicos con que se ejecutará, la transferencia de tecnología y la importancia cultural y arqueológica de los bienes rescatados”.

Pero lo cierto es que todo puede pasar. Hay tantos intereses y son tantas las empresas que quieren venir, que todo es negociable. “El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tenía especial interés en el tema porque Santos estuvo en la Armada colombiana y sabía que lo que realmente está en juego son unos 5 o 6 naufragios que contienen lingotes de oro y plata y que iban rumbo a España”, le había dicho a este diario José Luis Socarrás, director de la carrera de arqueología de la Universidad Externado de Colombia.

Por eso salió adelante. Socarrás mismo explicaba en un texto publicado en el portal de internet La Silla Vacía, cómo durante las discusiones previas para aprobar esta ley, se vio en los estrados del Congreso al señor Burt D. Webber, representante de la empresa caza tesoros Seaquest International, LLC , con sede en Santo Domingo, República Dominicana quien busca sacar adelante la operación “Mystery Galleon”.

“La Operación “Mystery Galleon”, de la cual tiene conocimiento el gobierno desde comienzos de 2011 , se plantea como una aplicación para un contrato exclusivo de exploración y salvamento. A pesar de que funcionarios advirtieron sobre la inconveniencia científica, técnica y legal de dicha operación, el concepto técnico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) no es tenido en cuenta, mientras que el de los caza tesoros sí”.