Contra la impunidad de ETA

Un informe elaborado por el experto en Derecho Internacional Miguel Rodríguez Arias , y que ya está en poder del Gobierno, aporta argumentos jurídicos, políticos e históricos para sostener que es viable juzgar los 134 asesinatos de ETA sin resolver que ya han sido considerados prescritos por el tiempo transcurrido desde su comisión.

El «Informe Latiegui» , en recuerdo del empresario José María Latiegui, asesinado por ETA el 14 de abril de 1981 y que precisamente ha sido declarado prescrito, recuerda que España ha firmado, desde 1977 distintos acuerdos internacionales, publicados después en el BOE, en virtud de los cuales los de ETA encajarían dentro de los clasificados como crímenes contra la humanidad. Serían, también, de persecución y selectivos , porque han ido dirigidos contra un grupo determinado de población, señalados por los terroristas y sus cómplices como «españolistas» . Se da la circunstancia de que estos 134 asesinatos de la banda criminal declarados ahora prescritos fueron perpetrados después de 1977 cuando España suscribió el primero de estos acuerdos internacionales.

Miguel Rodríguez Arias, en conversación con ABC, ve incomprensible que el Estado español, después de haber insertado en el BOE su apoyo a estos acuerdos, haga una interpretación errónea de los asesinatos de ETA, porque no son «ordinarios», sino «selectivos» -contra los «españolistas»- y como tales, en el contexto de otros crímenes contra la humanidad, serían «imprescriptibles» .

Rodríguez Arias recuerda en su informe que «esta es la misma vía utilizada contra otros crímenes de lesa humanidad en otros países de Europa y que ha sido respaldada de manera constante por el Tribunal de Derechos Humanos ». El experto en Derecho Internacional recuerda en este sentido cómo Alemania no permitió que los crímenes cometidos en el Muro de Berlín quedaran impunes pese al tiempo transcurrido. Tras haber remitido el «Informe Latiegui» a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial, Al Congreso y a la Defensora del Pueblo, recientemente se lo ha entregado al ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón . Se muestra optimista porque ha visto receptividad. Un optimismo que se extiende a la posibilidad de actuar también contra los « crímenes de persecución contra cientos de desplazados internos de la diáspora vasca» y cuyo derecho a votar en la tierra que tuvieron que abandonar quiere restituir el Gobierno con la reforma de la Ley Electoral.

En la elaboración del «Informe Latiegui» ha tenido mucho que ver Ramona Garrido viuda del empresario José María Latiegui, que a sus 73 años ha enviado además cartas a los embajadores y jefes de gobierno de aquellos países, especialmente de América, que acogen impunemente a prófugos de ETA, para que los entreguen a la Justicia española.