Los guardias civiles acuden a los tribunales para que les dejen manifestarse

Desde 2007, los agentes del instituto armado podían organizar y participar en manifestaciones siempre que no tuvieran carácter político o sindical, limitación que ahora se amplía a las convocatorias de carácter «reivindicativo», al igual que sucede con los miembros de las Fuerzas Armadas.

Tras la aprobación de este enmienda, la UO ha alertado de que limitar los derechos de los que ya disfrutaban los guardias civiles repercutirá en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y ha avanzado que acudirá al amparo del poder judicial en defensa de los intereses de los agentes.

En un comunicado, la UO ha criticado que cuatro años después de la aprobación de la Ley de Derechos y de Deberes de los Guardias Civiles, el PSOE y el PP hayan modificado la norma para restringir un derecho que ya tenían reconocido.

«El caso es tener razón, y si no me la dan los tribunales, me 'fabrico' una propia», denuncia la UO, que lamenta que al mismo tiempo que se cercenan derechos de los guardias civiles se legalicen partidos próximos a ETA y se margine a las víctimas del terrorismo. «Todo ello podría resolverse a través de líderes igual de dignos que el pueblo español, líderes que reflejen el sentir de los españoles», subraya.

En esta misma línea, la Unión de Suboficiales y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han destacado que PSOE y PP, «incapaces» de renovar el Tribunal Constitucional o de «expulsar a los etarras» de las instituciones, se hayan puesto de acuerdo para prohibir el derecho de manifestación de los agentes.

«Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pero más les valdría a nuestros políticos intercambiar sus fluidos corporales para sacar a España de la crisis y mejorar nuestras numerosas carencias en vez de convertirnos en ciudadanos de segunda», afirman.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, ha responsabilizado directamente al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba ( «un pijo que va de rojo y con ansias de poder ilimitadas» ) de dar un «golpe de estado institucional» para «hurtar» a los agentes el derecho de reunión, ratificado en varias sentencias judiciales.