El caso Palmera vuelve a los juzgados con la toma de nuevas declaraciones

La Operación Palmera golpea directamente en el corazón de Nueva Canarias (NC), el sureste de Gran Canaria, donde la formación nacionalista mantiene el control de varios ayuntamientos, en algunos de ellos del mismo modo que en el Cabildo Insular, es decir, mediante pactos con el Partido Socialista (PSC-PSOE). En este caso, el alcalde santaluceño, Silverio Matos, aparece señalado por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsificación documental y uso de información privilegiada, entre otros.

Debido principalmente a los problemas de salud del juez que entiende en la causa, Juan Carlos Socorro, del Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, las actuaciones estaban momentáneamente paradas. Pero según ha podido saber este periódico, será una magistrada, María Luisa Moreno, la que reanude las diligencias a partir de hoy, con la citación de Jerónimo Monzón Vega para que ratifique el testimonio que en el año 2007 realizó a instancias de la Guardia Civil y que más tarde ratificó ante el juez Socorro. Esta declaración no se pudo llevar a cabo en el pasado mes de septiembre por los consabidos problemas de salud del magistrado.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, Monzón es uno de los vecinos que se vieron perjudicados por la presunta adquisición de la parcela denominada en las diligencias como Doctoral número 11, un terreno que entonces era de su propiedad y que entraba en la configuración final del parque eólico perfilado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Testimonio clave

Sobre estas premisas, el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Benemérita investigó en su momento dichas operaciones, que se realizaron a escasos días de la firma de los convenios fraudulentos del parque eólico -por el cual se imputa al alcalde Matos y a varios concejales de su equipo de gobierno-, ya que dicha transacción se llevó a cabo por un valor excesivo, ya que estaba clasificado como terreno rústico de protección agraria afectado a costa.

En las últimas semanas, la Benemérita ha estado investigando movimientos millonarios de dinero al exterior -presumiblemente, a paraísos fiscales- que se produjeron durante la Operación Palmera y que podrían aportar reveladores datos en este caso.

Ante la falta de terreno público y la necesidad de disponer de ello para contar con las subvenciones que la UE facilitaba en este concurso eólico -en el que competían otras regiones como Azores y Madeira-, el Ayuntamiento de Santa Lucía firmó de manera arbitraria unos convenios de permuta con tres entidades privadas, según las investigaciones del Instituto Armado. Como contraprestación, tres empresas se verían favorecidas: la Sociedad Agraria El Águila percibía del municipio el 31 por ciento, y tanto la Machacadora Domínguez como La Mareta se llevarían cada una el 9 por ciento.