Los secuestradores del atunero «Alakrana» tendrían ya en su poder una parte del rescate exigido —un total de cuatro millones dólares— para la puesta en libertad de los 36 tripulantes —16 españoles— que mantienen cautivos desde el pasado 2 octubre. Así lo afirman a ABC fuentes solventes, que precisan que la entrega se habría efectuado mientras que desde España se exploran las medidas legales con las que se podría, sin quiebra de nuestro ordenamiento jurídico, dar respuesta a la exigencia del clan mafioso de entregar a Somalia a los encarcelados Cabdiwelly Cabdullahi, alias «Abdu Willy», y Raageggesey Adji Haman. Ante la complejidad de esta vía, y en previsión de que su ejecución pueda demorarse, el equipo negociador español habría optado por la estrategia de demostrar la completa disposición al diálogo con el adelanto de una parte del rescate.

Esta operación tiene un epicentro: la asesoría londinense que, como en el caso del «Playa de Bakio», está mediando en el «Alakrana». Se trata de una «acreditada» empresa de «control de riesgo», vinculada, como la mayoría de las que integran este sector, a conocidas compañías aseguradoras, y con una larga «tradición» en este tipo de conflictos. No sólo por atender una cuestión humanitaria —como la del secuestro—, sino también como canalizadoras del grueso del dinero exigido como rescate, estos bufetes, al gozar de la plena confianza de los piratas, llevan la voz cantante a través de sus representantes, en este caso en Somalia. Así es en el caso del «Alakrana». De esos intermediarios parte la decisión de que el encarcelado «Abdu Willy» haya pasado de tener un abogado de oficio a otro de pago. El «hilo de contacto» entre la compañía mediadora londinenese y el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, que desde el pasado martes defiende a «Abdu Willy», sería el servicio de espionaje español.

Se subraya, en este sentido, que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia —nada más producirse el secuestro del «Alakrana» se trasladaron a Nairobi—, y el embajador de España en Kenia, Nicolás Martín Cinto, son los que desde un primer momento llevan el peso de la negociación. En este contexto también se recuerda el papel destacado que tuvo el servicio de Inteligencia en el secuestro del «Playa de Bakio», hasta el punto de que parte del rescate exigido por los piratas se pagó con fondos reservados del CNI, aunque con la promesa del armador de devolverlos. Anoche, un portavoz del CNI negó rotundamente que haya existido por parte de los servicios de inteligencia españoles cualquier tipo de relación con la contratación del letrado Díaz Aparicio.

Sin embargo, las fuentes consultadas por ABC señalan que en los pimeros días del secuestro del «Alakrana», el objetivo de la representación española era llevar de forma directa la negociación con el clan de piratas. Pero esos intentos condujeron a un callejón sin salida, ya que no se consiguió ganar la confianza de los piratas que remitieron a sus cauces tradicionales, es decir, la «vía Londres». La parte española cambió entonces de estrategia y recuperó las vías empleadas en el secuestro del «Playa de Bakio», que en seis días condujeron a la puesta en libertad de los 26 tripulantes del atunero vasco.

Ahora, bajo la tutela de asesoría londinense, se está a la espera del escrito que ante la Audiencia Nacional presente el abogado Díaz Aparicio. De su currículo profesional, las fuentes consultadas subrayan que su despacho ha presentado ante el Tribunal Supremo los recursos del comandante José Ramón Ramírez García y del capitán Miguel Ángel Sáez García, contra la sentencia que les condenó por el accidente del Yak-42. También destacan que se ocupó de la extradición del mercenario de los GAL Jean Philippe Labade, que fue reclutado por José Amedo.

Por otra parte, y como ha hecho Díaz Aparicio con «Abdu Willy», un segundo abogado de pago podría asumir en los próximos días la defensa del otro pirata encarcelado en España, Raageggesey Adji Haman. En este sentido fuentes jurídicas confirmaron que este letrado acudió ayer a las dependencias del Juzgado Central de Instrucción número 1 para interesarse por las diligencias abiertas contra los piratas somalíes y con la intención de solicitar la venia a la defensa de este imputado, hasta ahora en manos de la abogada de oficio Begoña Castro Jover.

Datos de los móviles

Entretanto, la instrucción de la causa sigue en manos del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ayer no había recibido los resultados del volcado de los teléfonos móviles intervenidos a «Abdu Willy» y a su compañero. Fuentes de la investigación aseguraron que una de las cuestiones claves para indagar sobre la participación de los piratas será analizar a quién corresponden los números con los que contactaron.

Y mientras en la Fiscalía de la Audiencia Nacional sigue imperando el silencio a la espera de nuevos acontecimientos—a la vista de los hechos deberán venir de la mano de las defensas—, el juez aún tiene margen para practicar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar como testigos a los militares que arrestaron a los dos piratas, y más a corto plazo, realizar el ofrecimiento de acciones al armador del «Alakrana» (en calidad de perjudicado).

A estas vías judiciales se refirió ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien, en una entrevista en RNE, subrayó que entre el «elenco de opciones» que tiene sobre la mesa el Gobierno para agilizar la liberación de la tripulación de «Alakrana» está la de que los dos presos sean juzgados por la Audiencia Nacional si bien la pena impuesta la cumplan en Somalia. También pidió a la comunidad internacional que «rastree» y «corte de raíz» los pagos de rescates que llegan a los piratas, que cuentan con un entramado con conexiones con Europa y con bufetes de abogados británicos.