El concejal de IU que apoya la moción de censura tiene intereses urbanísticos en Pinto

De esta forma Carlos Penit y Joaquín Remigio Carrero Manrique son, según el escrito adjunto, apoderados de AG 100 S.L., empresa cuya administradora única es además María Teresa Fuerte, mujer del edil de IU, y cuyo objeto social es «la adquisición, promoción, construcción, mejora, transformación, urbanización, venta, arrendamiento, administración y explotación de inmuebles de todas clases, incluyendo toda suerte de ejecución de obras y edificios, etc».

«Presunta corrupción»

Asimismo Joaquín Remigio Carrero Manrique es uno de los beneficiarios de una transacción urbanística -una permuta de terrenos entre su familia y el Ayuntamiento- que en su día denunció como «presunta corrupción urbanística» Reyes Maestre, concejal de Juntos por Pinto, y cuyo decisivo apoyo en la moción puede otorgar la victoria al PSOE.

Los hechos que aparecen en la denuncia interpuesta en su día por el concejal del JpP explican que la parcela propiedad del Ayuntamiento es desvalorizada por el técnico municipal, y que la de la familia Carrero se infla de forma más que evidente. Esta familia, tal y como aparece en uno de los escritos presentados, «viene siendo en los últimos años beneficiara de las diferentes actuaciones urbanísticas que se vienen dando en el término municipal de Pinto, y más concretamente, en los sectores La Tenería I y II (...). Los propios técnicos del Ayuntamiento de Pinto denominan a estas operaciones «Lotería Urbanística» y siempre son los mismos a los que le toca».

Los beneficios directos de este presunto fraude, la familia Carrero Manrique, están casualmente relacionados con Penit, como indica el documento adjunto, algo que presumiblemente denunciará el Partido Popular a lo largo del día de hoy.

Las demandas en su día se dirigieron contra Joaquín Remigio y el resto de los miembros de la familia, Ángel, Ana Mª, Juana Carrero, y María Manrique, y hacia el alcalde socialista de Pinto, Juan Tendero, y diveros empleados del Consistorio, entre los que se encontraban el arquitecto jefe municipal, Manuel Mohedano, la interventora del del Ayuntamiento, Mª Isabel Sánchez Carmona, la técnico jefa de secretaría, Mª del Mar Núñez.

Los delitos que se imputaron fueron los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su día, y tras las correspondientes denuncias presentadas por Reyes Maestre, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, vio indicios de delito en este caso porque «un examen indiciario de las valoraciones adoptadas por la permuta, así como un conjunto de valoraciones comparadas parece efectivamente respaldar la tesis de los denunciantes». Asimismo, señalaba que «unido a ello la existencia de más operaciones sementajes con los mismos beneficiarios, parece razonable a juicio del Fiscal Instructor la remisión de los hechos denunciados al Juzgado Decano de Instrucción de Parla». Actualmente se sigue un procedimiento penal en dicho Juzgado que se encuentra en fase de diligiencias previas.