Hijos y nietos de exiliados republicanos no quieren jurar fidelidad al Rey al nacionalizarse

Esta asociación, en su escrito, recuerda que la ley de 27 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, es decir la conocida como ley de Memoria Histórica, establece en su disposición adicional séptima la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de las personas cuyo padre o madre hubiera sido español.

Asimismo, reconoce ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Posteriormente, se acordó la instrucción correspondiente, que remite a los artículos del Código Civil en los que se establece las condiciones de la nacionalidad de opción. Entre ellas se encuentra la obligación de promesa o juramento de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las leyes.

Un gasto de 40 millones

Como informó ABC, el Ministerio de Asuntos Exteriores deberá gastar 40 millones de euros en dar la nacionalidad a hijos y nietos del exilio, entre 2008 y 2010. Según el Ejecutivo socialista, la medida beneficiará a 500.000 personas, aunque en Asuntos Exteriores creen más razonable hablar de cerca de un millón.

Precisamente, el Congreso de los Diputados volverá a dedicar su tiempo esta semana a debatir sobre la «memoria histórica». El Grupo parlamentario de Esquerra Republicana ha llevado al Pleno de mañana una Proposición de Ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica. Su objetivo es modificar la ley que se aprobó un año antes, y que no les ha dejado nada satisfechos.

Los independentistas catalanes quieren que se declaren «crímenes contra la humanidad los cometidos sistemáticamente por la dictadura franquista», que serán imprescriptibles. La consecuencia, según su propuesta parlamentaria, es que el Gobierno dará apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por ese motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones. La proposición incluye un clásico de ERC, como es que el Rey pida «perdón en nombre del Estado español».