Benach usa un coche valorado en 110.000 euros y gasta otros 20.000 en «tunearlo»

¿En protocolo? Benach acaba de estrenar nuevo coche oficial, un «Audi A-8 Limusina», cuyo coste asciende a 110.000 euros. El sistema de contratación de estos vehículos es el llamado «renting», un alquiler a largo plazo con derecho a compra. El precio es inferior al de mercado e incluye las revisiones periódicas y seguro. La Cámara catalana opta por renovar el «renting» en lugar de comprar el vehículo.

Hace un mes, Benach renovó su coche cuando éste llevaba realizados 250.000 kilómetros. Hay que tener en cuenta que Benach se desplaza casi a diario desde Reus (Tarragona), donde tiene su domicilio particular, hasta Barcelona.

También han renovado coche oficial los cuatro secretarios de la Mesa del Parlamento y los seis presidentes de grupos parlamentarios, que hasta ahora disponían de un «Wolkswagen Passat» y ahora utilizan un «Audi A-6». Fuentes de la Cámara catalana alegaron que la sustitución de los vehículos se negoció hace un año, cuando todavía no había arreciado la crisis económica.

Al coste del vehículo asignado a Benach hay que añadir el de los accesorios, que según ha podido saber ABC podría ascender a 20.000 euros. Y es que Benach ha decidido «tunear» el interior de su nuevo Audi para hacerlo confortable. Consta de escritorio de madera a medida, reposapiés, TV, conexión para mp3 y bluetooth. Todo un lujo de vehículo, por otro lado muy contaminante, pues las emisiones de dióxido de carbono de esta gama de «Audi» superan los 300 gramos por km.

El uso de coches oficiales supone un gasto importante para los miembros del Parlamento, como también lo es para los altos cargos de la Generalitat. La solución en este caso ha sido contratar taxis de lujo cuando la plantilla de chóferes al servicio del Gobierno catalán no da a basto. Ese servicio extra, realizado por la empresa Litoral Limousines, cuesta 1,1 millones de euros, según el contrato firmado el pasado mes de mayo con la Generalitat.

La imagen de austeridad que prometen las autoridades catalanas tiene otras fisuras. Precisamente ayer, CiU denunciaba que la Consejería de Relaciones Institucionales, dirigida por Joan Saura (ICV), ha gastado un millón de euros en una campaña corporativa sin ningún tipo de mensaje o finalidad informativa.

Oficina antifraude

En la necesidad de controlar las cuentas de la Generalitat está el origen de la Oficina Antifraude, aprobada precisamente ayer en el Parlamento autonómico sólo con los votos del tripartito -PSC, ERC e ICV- y de Ciutadans, ya que tanto CiU como PP consideran que este órgano es un «chiringuito» que se ha montado ERC, pues ya existe en Cataluña una Sindicatura de Cuentas dedicada a fiscalizar los gastos de las administraciones públicas.

Hace cinco años que se viene discutiendo la creación de esta oficina, concebida por los republicanos a raíz de la polémica del 3 por ciento, relativa al supuesto cobro de comisiones. Durante este tiempo, las competencias de este órgano han sido sustancialmente rebajadas para que no entraran en colisión con la Fiscalía o con la Sindicatura.