La Justicia y el Gobierno se declaran la guerra en una jornada que paralizó los juzgados

La protesta causó escenas de indignación en numerosos juzgados, donde los ciudadanos vieron cómo miles de juicios se suspendían y, en muchos casos, volvían a quedar aplazados.

Inversión «sostenida»

Tanto los secretarios judiciales como los jueces de toda España hicieron llegar ayer al Gobierno un mensaje unánime: la Justicia necesita una inversión «sostenida» en medios materiales y humanos para paliar un mal que viene soportando desde hace décadas. Los jueces no hicieron mención directa al «caso Mari Luz»; sí los secretarios judiciales, en cuya opinión la muerte de esta niña podría haberse evitado con una Administración de Justicia moderna. Mari Luz Cortés fue asesinada presuntamente por un individuo (Santiago del Valle) que nunca llegó a entrar en prisión pese a tener pendiente de cumplimiento una condena anterior por abusar de su propia hija, de cinco años.

Además, los jueces mostraron su absoluto rechazo a las «injerencias» y presiones del Gobierno en las competencias del CGPJ. Tras las juntas, firmaron manifiestos en los que coinciden al calificar de «intolerable» la intromisión de miembros del Poder Ejecutivo en la potestad sancionadora del órgano de gobierno de los jueces. Así lo pusieron de manifiesto, entre otros, miembros de tribunales tan emblemáticos como el Supremo (suscribieron el manifiesto 46 magistrados), la Audiencia Nacional o los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), que asumen la mayor carga de trabajo de toda España.

Precisamente los jueces de Madrid, junto con los de Sevilla, entre otros, no descartan la posibilidad de ir a la huelga si el Gobierno no atiende sus reivindicaciones sobre las carencias que soporta la Justicia. En varios partidos judiciales ya se ha fijado para el día 21 de noviembre la celebración de otra junta; en otras han anunciado un seguimiento mensual de la respuesta del Gobierno; otros han advertido que trabajarán lo justo para cumplir el 100 por cien de los módulos fijados por el CGPJ (Tirado estaba en un 140 por ciento)... En general, un mensaje compartido: la protesta no concluyó ayer. Los secretarios judiciales tampoco están dispuestos a cerrar este capítulo con el paro, y ya han anunciado que el próximo mes repetirán la protesta.

Erre que erre

Lejos de mostrarse receptivo ante los males de la Justicia y de evitar las intromisiones que han puesto a los jueces en pie de guerra, el Gobierno volvió ayer a la carga contra los dos colectivos, aunque admitió el rotundo éxito de la convocatoria. El ministro Mariano Fernández Bermejo atribuyó las quejas a su «sentido corporativista» y a su negativa a asumir responsabilidades en el «caso Mari Luz», verdadera y única causa de las protestas, en opinión de los responsables del Ministerio de Justicia.

Para el secretario de Estado de esta área, Julio Pérez, el paro de ayer es una medida «injustificada y desproporcionada» porque las sanciones impuestas al juez Tirado y a la secretaria judicial Gálvez «no guardan ninguna relación con la situación de la Justicia». «No podemos admitir que se pretexte que una carencia de medios desemboque en una falta de castigo. Los comportamientos irregulares han de ser sancionados», dijo Pérez.

Además, y pese a haber sido uno de los motivos de la protesta, el secretario de Estado no dudó en volver a cuestionar la sanción impuesta por el anterior CGPJ al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. «Lo que pensamos es que 1.500 euros es una sanción escasa», reiteró. Y es que, según Pérez, que el Consejo sea el órgano de gobierno del Poder Judicial no significa que esté «a salvo» de las «opiniones de cualquiera». Pérez calificaba de «opiniones» lo que la carrera judicial llama «intentos de presión» e «injerencias».

Ante esta situación, que de seguir adelante podría desembocar, más allá de un paro puntual, en una paralización sin precedentes en la historia, los responsables de Justicia no ven un peligro real de huelga. Primero, porque consideran que, a diferencia de los secretarios judiciales, los jueces no pueden hacerla (no hay unanimidad en la carrera judicial sobre este extremo, pues ninguna ley prohíbe a los jueces ir a la huelga, aunque su Reglamento no desarrolla este derecho. Las juntas que ayer abordaron esta cuestión llegaron a la conclusión de que sí tienen derecho); segundo, porque el Ministerio, dijo, pondría «todos los medios a su alcance para evitarlo». Lo que sí ha extrañado en el Departamento de Bermejo, dejó caer Julio Pérez, es que «habiendo reclamado el Consejo que las juntas no perturbaran» el funcionamiento de la Justicia, «en algunos lugares hayan supuesto un trastorno a los ciudadanos». Pérez también cuestionó la legalidad de que las juntas incluyeran en su orden del día el debate sobre las injerencias del Gobierno.

Durante el paro de ayer, los secretarios judiciales leyeron un manifiesto para denunciar «las deplorables condiciones» en las que se ven obligados a desarrollar sus funciones, supliendo con esfuerzo personal la carencia de medios.

Los fedatarios fueron claros al asegurar que esa situación es «la verdadera causa de lo ocurrido» a la niña onubense. Para el Gobierno, sin embargo, los únicos responsables son Tirado y Gálvez. «No es verdad que esto pueda pasarle a cualquiera», sostuvo Pérez.

En opinión de los secretarios judiciales, la durísima sanción impuesta a su compañera Juana Gálvez (dos años suspendida de empleo y sueldo) no es más que la «cortina de humo» con la que el Gobierno pretende «encubrir la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia a las que está obligado el Ministerio». Si el Ejecutivo no se toma en serio el problema de los medios, «en cualquier lugar puede reproducirse lo ocurrido», advierten.