Mandos de la Guardia Civil facilitan a sus subordinados secundar una manifestación

De la teoría de un texto normativo, redactado y aprobado bajo la presión de la primera manifestación de la historia del Instituto Armado, se está pasando a los hechos. Los guardias civiles no dejan pasar ninguna oportunidad para, agarrándose a esta ley, reivindicar derechos y hacer valer el papel que le reconocen a las asociaciones profesionales.

Planificar servicios

La primera ocasión que se les ha presentado es la manifestación convocada para el próximo sábado por los sindicatos de la Policía Nacional (CEP, SUP, SPP, UFP y SC), a la que se han sumado dos asociaciones de guardias civiles: la AUGC y la Unión de Guardias Civiles (en su vertiente de asociación cultural). Pero hay una más, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil que, sin convocarla expresamente, sí que ha recomendado «a todos los oficiales que se intesifiquen las funciones de planificación y mando, al objeto de facilitar, cuanto permita el servicio, el ejercicio del derecho de manifestación a los guardias civiles bajo su responsabilidad». En román paladino, que se facilite el trabajo para que los guardias civiles puedan asistir a esta manifestación del sábado.

Es una decisión histórica porque, según fuentes de la Unión de Oficiales, es «la primera vez que una asociación de mandos anima a sus bases a manifestarse contra la Administración, ya que estas iniciativas eran típicas de las escalas básicas». Pero la ley ha cambiado el ritmo del asociacionismo en los mandos de la Guardia Civil, que están dispuestos a apoyar lo que, a su juicio, son «muchas de las históricas exigencias de la Unión de Oficiales desde su constitución».

Ante esta manifestación, las asociaciones de la Guardia Civil mantienen dos actitudes diferentes. Mientras que la AUGC y la Unión de Guardias Civiles (asociación cultural) sí que se han convertido en organizaciones convocantes, la Unión de Oficiales ha decidido «no personarnos formalmente, aunque mostramos toda nuestra adhesión al reconocimiento de la existencia de un conflicto con la Administración e invitamos al que desee acudir a título particular a que lo haga».

Pero ni una ni otra actitud han gustado al Gobierno. Así se desprende del pronunciamiento que realizó la semana pasada la Delegación del Gobierno de Madrid al autorizar la manifestación. Junto a la autorización también realizó una advertencia: a la Guardia Civil su normativa le prohíbe la organización y participación en este tipo de actos.

Esta advertencia no ha sentado nada bien a las asociaciones de guardias civiles, que han reaccionado esgrimiendo la Ley de Derechos y Deberes que, en el artículo 8.1 y 8.3, les reconoce el derecho de manifestación, «pudiendo acudir de paisano y sin armas. Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se confía en que «el ejercicio del derecho de manifestación se desarrolle con absoluto respeto desde los poderes públicos y que, finalmente, sirva para concienciar de la enorme dimensión de ciertos problemas enquistados».

La advertencia del Gobierno tampoco ha amedrentado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria del Cuerpo (28.000 afiliados, de los 73.000 totales), que afirmó que la posibilidad de que se abran expedientes no evitarán que asistan al acto «en el que reclamarán su dignidad profesional y que se convoquen elecciones al Consejo del Cuerpo».

La AUGC reclama el cumplimiento de la Ley aprobada por el Gobierno, al asegurar que «nadie nos impide salir a la calle a manifestarnos, como así nos lo reconoce la propia ley. ¿Para qué hacen la ley entonces? ¡Que se anule este artículo! Porque, entonces, ¿cuándo podemos manifestarnos?», se pregunta su secretario de organización, José Antonio Agudo. En esta crítica a la actitud del Gobierno a la hora de aplicar la ley aseguran que «han hecho una reforma, pero, cuando ven que lo vamos a hacer, dicen: ahora no porque es sindical. Entonces, ¿para qué hacen ustedes las asociaciones profesionales, para reivindicar el derecho a bailar la sardana?».

A juicio de esta asociación profesional, en la Guardia Civil hay «un búnker opositor» contrario a las reformas y lamenta que los Gobiernos «cedan» ante él.

En la AUGC afirman que están «hartos de amenazas a trabajadores de la seguridad pública». Saldrán a la calle -calculan que 10.000 guardias civiles y 10.000 policías-, «sobre todo, por dignidad, no sólo por mejoras laborales».